Resistencia. El establecimiento educativo del padre del intendente de Resistencia no abonó los sueldos a los trabajadores por irregularidades en la planta orgánica funcional. Y el reclamo de los empleados pasó a sede judicial.
El conflicto se suscitó porque las autoridades de la UEGP Nº 172 “Gobernador Deolindo Felipe Bittel”, no pagaron los sueldos de los trabajadores debido a una diferencia entre el subsidio transferido por el gobierno y la Planta Orgánica Funcional (POF) de la institución.
La responsabilidad recae en la institución de Gustavo Martínez Campos por falta de presentación de documentación y rendiciones. Si bien, los fondos fueron transferidos por el Ministerio de Educación en función de la Planta Orgánica Funcional aprobada, la institución educativa se excedió en el lanzamiento de carreras y contratación de docentes.
La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Sonia Moro, explicó que «todos los trabajadores y las trabajadoras docentes de la institución dirigida por Gustavo Martínez (padre) tienen demorados los sueldos».
“La patronal debe poner los papeles en regla para que se pueda pagar por todos los puestos de trabajo”, dijo Moro y precisó que, en medio de una instancia de diálogo acordada por ambas partes, la institución resolvió acudir a la vía judicial por lo que se debe esperar el curso regular legal.
BUSCANDO SOLUCIÓN AL CONFLICTO
La ministra de Educación Daniela Torrente recibió esta semana a la secretaria general de SADOP Chaco para avanzar en acuerdos que den solución al conflicto que sostiene la UEGP Nº 172 “Gobernador Deolindo Felipe Bittel”, con sus trabajadores.
“Frente a la situación que atraviesa la institución educativa hemos convocado a referentes del sindicato y consensuamos transferir los pagos a la institución una vez resuelta la situación judicial”, dijo tras el encuentro la titular de la cartera educativa.
Además, la funcionaria destacó que la referente sindical “se mostró comprometida para atender la regularización de las situaciones especiales que presenta la institución, en función de determinadas irregularidades a resolver”.
MALOS ANTECEDENTES
El instituto educativo que conduce el padre del intendente Gustavo Martínez fue noticia en marzo de este año porque despidieron a una docente que reclamó contra el “impuestazo” en Resistencia.
Se trataba de la abogada, Cecilia Rivero, una de los principales referentes de los vecinos que reclamaban contra del aumento desmedido de los impuestos municipales y se desempeñaba como directora de estudios de la UEGP N°172.
