Resistencia. La Legislatura provincial sancionó la ley que modifica el artículo 55 Ter del Régimen Electoral provincial, en lo relacionado a la formación obligatoria en perspectiva de género, para que además de la Secretaría de Derechos Humanos y Género se incorporen otros organismos y áreas del estado a la tarea de capacitar.
La diputada radical Andrea Canteros Reiser aseguró que la modificación no implica que “que pierda el espíritu la ley”, y defendió que “el proyecto busca ampliar”. “Hoy la capacitación se lleva a cabo a través de la Secretaría de Género y a través de la APP de Tu Gobierno Digital. Esta propuesta no quiere eliminar eso, pero creemos que no es la única que puede realizar esta capacitación. (…) Me parece importante sumar más actores”, sostuvo y mencionó algunos como la Oficina Interdisciplinaria de Violencia Institucional, el Área de Capacitación del Poder Judicial, instituciones educativas, universidades públicas, partidos políticos y áreas municipales, “todos autorizados por el Tribunal Electoral”.
Canteros Reiser tuvo adhesiones en su interpretación. Justamente desde el Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, indicó que “como primera definición estamos de acuerdo en la necesidad de la capacitación. Con esta modificación no ponemos en discusión la obligatoriedad para los candidatos”. Coincidió con Reiser y defendió el despacho que también firmó en Comisión en la jornada del martes.
El Oficialismo pretendía un monopolio
El diputado Nicolás Slimel, justicialista, aclaró que se trabajó sobre dos proyectos para dicho despacho, el 3507 y el 3692. Aclaró que “ambos planteaban la ampliación de facultades a otros organismos, instituciones”. Planteó “inconsistencias” y reiteró el pedido porque se extienda una semana más el tratamiento de la iniciativa, advirtiendo sobre “cambio de reglas” frente a un cronograma electoral que ya está corriendo.
“Hay que ser concretos, no estamos hablando de capacitación a la ciudadanía sino a candidatos. El 75% de la población hoy cuenta con la plataforma Tu Gobierno Digital. No es un impedimento para ningún precandidato. Nosotros estamos planteando la suspensión para los precandidatos, estando cerca de la fecha. Para no modificar las reglas 20 días antes del cierre de listas. Adelanto mi voto en cartera, no es que no comparto los fundamentos, sino que no es momento”, apuntó.
Desde el Frente Grande, Tere Cubells pidió copia del despacho y un cuarto intermedio para analizarlo.
La justicialista Mariela Quiroz apuntó que “la ley propuesta por la oposición es muy interesante y sigue abonando a las políticas vinculadas a trabajar la perspectiva de género. Esto sería un retroceso. La plataforma está en la aplicación desde noviembre y pasaron varios meses para que los apoderados de los partidos manifiesten estos inconvenientes. Deberían modificarse más adelante y no en esta coyuntura electoral. Y deberían ser en función de ampliar con quien lleve adelante estas capacitaciones”, dijo y adelantó su voto en cartera.
Claudia Panzardi coincidió con sus pares preopinantes. “Este despacho se armó luego de la reunión de Asuntos Constitucionales de ayer”, sostuvo.
Hugo Sager, desde el Frente de Todos, apuntó que uno de los proyectos fijaba un plazo de 60 días antes de la realización de los comicios y aseguró que de este modo “los plazos no daban”. “
Recordó que en marzo del 21 cuando se sancionó la ley se dejaba a cargo al Ejecutivo la definición sobre la autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, “que es la que emite la certificación para el Tribunal Electoral”, afirmó. Dicho esto, recalcó: “Estamos pretendiendo modificar la ley a 40 días de las elecciones”.
El mismo reproche llegó desde la banca de Slimel, quien aclaró que estaba de acuerdo con la iniciativa, pero que era inaplicable dado los plazos en vigencia del cronograma electoral establecido. “No se va a poder aplicar”, aseguró.
La normativa obtuvo 22 votos a favor y 8 en cartera.
“Es un avasallamiento en este momento. Se podía seguir discutiendo, pero no así de esta forma”, se quejó Cubells luego de la votación, una de las diputadas que no tuvo acceso al despacho aprobado en la sesión ordinaria.