Resistencia. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, formuló este viernes el requerimiento de instrucción formal contra el exjefe comunal y otros exfuncionarios de su gestión por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública.
A partir de una denuncia presentada por el actual intendente de Resistencia, Roy Nikisch, el fiscal federal Patricio Sabadini, firmó este viernes el requerimiento de instrucción formal en el que imputó al exjefe comunal Gustavo Martínez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Es por el presunto desvío de más de 600 millones de pesos de programas nacionales que fueron otorgados al Municipio con destinos específicos.
Las imputaciones también se extienden al exsecretario de Hacienda y Finanzas, Francisco Vescera; el exsubscretario de Hacienda, Gastón Guerra, el exsecretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente, Guillermo Monzón, y la exsubsecretaria de Inclusión Social, Mujer y Familia, Mónica Bordón.
Desde su otorgamiento, ambas carteras nacionales solicitaron infructuosamente a la gestión de Martínez que rinda cuentas de los fondos remitidos, lo que también fue observado por el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco que inició juicios de cuentas contra los exfuncionarios municipales del área de Hacienda.
Durante los últimos meses de este año, la Municipalidad de Resistencia recibió distintas intimaciones para rendir cuentas por el destino de más de 600 millones que fueron otorgados por el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas (hoy Secretaría de Obras Públicas) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (hoy Ministerio de Capital Humano) en el marco de la ejecución de cuatro programas nacionales en la capital chaqueña, específicamente orientados a los sectores más vulnerables de la población.
En el caso de la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio fue notificado sobre una causa abierta en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se lo demanda para que justifique el destino de los fondos que tenían afectación específica. En ese caso puntual se trata del proyecto del Parque Lineal Soberanía para el cual la gestión Martínez recibió un monto de 95 millones de pesos y que nunca se concretó.
Los otros tres programas nacionales puestos bajo la lupa y por los cuales el Municipio recibió más de 500 millones de pesos son el Nutricional (250 millones de pesos), Abraza (250 millones de pesos) y de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales (40 millones), estos tres últimos dependientes del entonces Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano.
