27 mayo, 2026

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Llega a juicio el caso de la amenaza con una bala en la puerta de un consultorio

Sáenz Peña. El Juzgado Correccional será el encargado de juzgar este caso de amenazas que conmocionó a la ciudad. En noviembre de 2024 una bala calibre 38 fue pegada con cinta en el picaporte de un consultorio médico, en un claro mensaje mafioso que habría sido parte de un largo proceso de violencia que se venía suscitando.

Inicialmente el juicio estaba previsto para este pasado martes 26 de mayo, pero fue pasado para el próximo 10 de junio. Se realizará en el Correccional 2 a cargo del Juez Carlos De Cesare, quien subroga el Correccional 1 tras la jubilación del magistrado Carlos Verbek.

El enjuiciado es un reconocido empresario del medio que debe responder por Amenazas previstas en el Art 149 Bis primer párrafo del Código Penal que establece la amenaza simple, amenazar a otro para alarmar o amedrentar. En este caso la escala penal del delito no es alta, y según se supo durante la instrucción llevada adelante por el fiscal éste no habrá encontrado riesgos procesales para el dictado de la prisión preventiva, aunque del análisis de las cámaras de seguridad del sanatorio donde ocurrió el hecho se habría podido establecer la identidad del acusado, quien con posterioridad tuvo una restricción de acercamiento que habría burlado y desoído varias veces.

El caso ocurrió en noviembre de 2024, cuando una profesional médica que trabajaba en una clínica céntrica de Sáenz Peña (ubicada en calle 14 y 5) encontró una bala calibre 38 sujeta con cinta adhesiva al picaporte de la puerta de su consultorio.

Publicaciones periodísticas de ese tiempo mencionan que tras el hallazgo, la doctora realizó la denuncia inmediata. Las autoridades policiales de la Comisaría 1ª intervinieron en el lugar y la Justicia ordenó una investigación, recurriendo a las cámaras de seguridad de la clínica para intentar identificar al responsable de la intimidación, lo que habría sucedido en días posteriores.

El juicio se celebrará con juez unipersonal, las partes y testigos. La pena prevista para estos casos es de prisión de 6 meses a 2 años, excarcelable. Sin embargo las circunstancias del caso y los agravantes que se prueben podrían agravar la cuestión al considerarse la naturaleza del hecho repasando cómo se cometió, los medios utilizados, el daño causado, y el peligro generado, incluso el juez podría valorar la violencia previa, amenazas reiteradas, vulnerabilidad de la víctima, y la planificación.

 

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