Sáenz Peña. Carlos Antonio Ibáñez enfrenta actualmente dos investigaciones penales federales de relevancia: una por el presunto otorgamiento irregular de pensiones no contributivas en Taco Pozo y otra por presunto lavado de activos vinculado a la causa por corrupción en la UNCAUS. En ambas fue procesado sin prisión preventiva. La segunda tuvo nuevos avances judiciales durante 2026.
La causa de lavado de activos tuvo un recorrido procesal bastante particular durante 2026, siendo el expediente que continuó su curso procesal; en abril de éste año la Cámara había revocado los procesamientos de Ibáñez generando un alivio para el intendente peronista y otros imputados, y ordenó entonces un nuevo pronunciamiento; luego el Juzgado Federal volvió a procesarlos y, en julio de éste año también, la misma Cámara confirmó nuevamente esos procesamientos.
Esto significa que la Justicia considera que existen elementos suficientes para mantener la imputación y que el proceso puede avanzar.
Entonces lo que sucedió fue que el Juzgado Federal de Sáenz Peña dictó un nuevo auto de procesamiento contra Carlos Antonio Ibáñez, Omar Judis (fallecido), Enzo Judis y otros involucrados donde aparecen mencionados el empresario panadero Jorge Varela, y Juan Carlos Tymkiw, por asociación ilícita y lavado de activos agravado.
En el caso de Ibáñez, la imputación está relacionada con su presunta participación como integrante de una organización destinada a introducir en el circuito legal fondos provenientes de maniobras ilícitas vinculadas a la UNCAUS. Este procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, pero se establecieron embargos de $100 millones para cada uno de los procesados. La lupa esta puesta en que el nivel de vida de los imputados no se correspondía con los ingresos declarados ante el fisco.
Pero este no es el único dolor de cabeza del intendente Ibáñez, ya que la causa de las pensiones sigue siendo también una causa penal vigente y muy relevante.
Es la investigación conocida públicamente como la causa de las “pensiones truchas” de Taco Pozo, llevada adelante por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Amad.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2023 y posteriormente derivó en una investigación sobre una presunta estructura destinada a obtener pensiones no contributivas por invalidez mediante documentación y certificados médicos presuntamente falsos.
En esta causa no es sólo Ibáñez, habría un gran entramado de personas que facilitaban el traslado de los solicitantes de las pensiones y otros que hacían los trámites en hospitales públicos importantes. La resolución judicial sostiene que, de acuerdo con los elementos reunidos, Ibáñez habría tenido un papel central en la estructura investigada, vinculando la administración municipal con la organización que gestionaba las pensiones.
