Resistencia. Néstor Varela (presidente), Alberto Modi e Iride Grillo consideraron que los casos propuestos «no cumplen los parámetros de selección». En tanto, Emilia Valle y Víctor del Río defendieron avanzar con el sistema.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió, por mayoría, que «no resulta factible por el momento aplicar el sistema de juicios por jurados» en dos causas civiles y comerciales propuestas por magistradas de Resistencia.
La decisión fue adoptada en el marco de la Resolución N.º 830/2026, a partir de pedidos de los Juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 4 para tramitar mediante este mecanismo causas vinculadas con responsabilidad civil extracontractual.
La Ley 3325-B, sancionada en diciembre de 2020, contempla el juicio por jurados para determinados procesos civiles y comerciales, entre ellos los casos de responsabilidad civil extracontractual y aquellos que involucren derechos colectivos.
Para el presidente de la Corte chaqueña Néstor Varela, y los jueces Alberto Modi e Iride Grillo; el punto central del pronunciamiento estuvo en el artículo 64 de la norma, que establece una «implementación progresiva» y asigna al STJ la decisión definitiva sobre los casos que serán sometidos a jurados. Para esa selección deben ponderarse, entre otros aspectos, la relevancia social, política y económica del caso, su posible incidencia en situaciones similares, las capacidades institucionales y las condiciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.
Los ministros que integraron la mayoría consideraron que, aunque las causas propuestas encuadran en los presupuestos generales de la ley, «no alcanzan los restantes parámetros de selección, particularmente en cuanto a su relevancia social y pública».
También señalaron que la «implementación progresiva requiere adaptar la gestión, capacitar a magistrados, funcionarios y personal judicial, y evaluar previamente las capacidades operativas disponibles».
Por esas razones concluyeron que actualmente «no están dadas las condiciones para avanzar con los casos planteados».
DISIDENCIA
En cambio, Emilia Valle y Víctor Del Río sostuvieron que los casos sí reúnen los requisitos legales y que existen condiciones para comenzar la implementación. Destacaron que se trata de siniestros viales con consecuencias fatales y que esa problemática posee relevancia social por su incidencia y reiteración.
Los jueces disidentes también invocaron la experiencia chaqueña con los jurados penales: señalaron que ya se realizaron 97 juicios, que el sistema representa el 0,15% del presupuesto judicial y que existen infraestructura, oficinas especializadas, listas de jurados y personal capacitado en las seis circunscripciones.
Valle y Del Río consideraron, finalmente, que la gradualidad prevista por la ley debe servir para iniciar el proceso y realizar ajustes, no para postergarlo indefinidamente. Propusieron comenzar con capacitación específica para el fuero civil y comercial y establecer una fecha de implementación una vez concluida esa etapa.
