Por Livio Gutiérrez, diputado provincial del interbloque Cambiemos
Hace un tiempo vengo señalando que la política de transparencia y acceso a la información pública impulsada y tan publicitada por el gobierno provincial, sólo se queda en anuncios y en el cumplimiento de las formas, pero en los hechos y actos desplegados por el oficialismo el objetivo propuesto sigue estando pendiente.
A los fines de demostrar esta afirmación basta con observar, como sistemáticamente el oficialismo ha denegado los pedidos de informes efectuados en la Cámara de Diputados, mas de 100 siguen frenados en la Cámara de Diputados del año 2017 y específicamente no nos han aprobado ninguno de los 17 pedidos de informes dirigidos a la Fiduciaria del Norte S.A.
Quizás aun no llegamos a comprender la verdadera importancia que tiene el derecho de acceso a la información pública, pero frente a los hechos, es hora de empezar a darnos cuenta que acceder a datos públicos no es un simple capricho, que se busca “poner palos en la rueda” o que se quiere “entorpecer el funcionamiento del gobierno”; garantizar este ejercicio de control de las políticas públicas no solo por parte de la oposición sino de cualquier ONG o ciudadano, es promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión.
Soy consciente que no es un desafío nada fácil el de gobernar y dirigir los destinos de la provincia y mucho menos en este contexto de colapso de la confianza producto de los hechos que han tomado notoriedad en relación al manejo de fondos públicos, pero estoy seguro que muchas cosas se podrían haber advertido y quizás evitado si se hubiera permitido el acceso a la información de los fondos fiduciarios y a través de ello el correspondiente control de los mismos por parte de la Cámara de Diputados.
Ello por cuanto, el derecho de acceso a la información pública es una herramienta legal (ley 6431 en la provincia del Chaco y ley nacional Nº 27.275 aprobada el 14 de septiembre del 2016 y reglamentada por Dec. 206/17) y también es un medio que permite la fiscalización y participación efectiva de la ciudadanía, que incluso en estos tiempos de gran desconfianza pública, podría llegar a constituirse en un elemento y herramienta que comience a reconstruir la legitimidad del manejo de fondos públicos por parte del gobierno la provincia.
Entiendo que no existe requerimiento más actual e importante para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y aspirar a reconstruir la credibilidad, que someter al escrutinio de todo ciudadano, toda la información que sea requerida en el marco de las leyes de acceso, con la mayor y más precisa claridad, desde su fuente primaria, es decir todos los documentos elaborados por la administración pública que detalla y justifican sus acciones, y no solo una respuesta formal, parcial o incompleta.
Creo que es bueno dar segundas oportunidades y máxime si estas pueden aportar a la construcción de confianza hacia las instituciones de gobierno. Por ello la semana pasada he ingresado por Mesa de Entradas de Casa de Gobierno catorce (14) pedidos de informes en el marco de la ley 6431 dirigidos al Sr. Gobernador, sobre distintos fondos que maneja la Fiduciaria del Norte S.A.; todos los cuales son bloqueados desde febrero desde el año pasado por su bloque de diputados , que van desde fideicomisos de Industria Cárnica, Pavimento, Turismo, Foresto Industrial, textil a los casi olvidados Aereochaco y Sueños Compartidos.
Si la transparencia, el acceso a la Información pública y el cumplimiento irrestricto de las leyes es realmente una política de este gobierno provincial, debería tener la respuesta a disposición dentro de 15 días, tal como lo establece nuestra ley provincial de acceso a la información pública, de lo contrario la transparencia en las políticas públicas será sólo un título, una conferencia o un portal web; pero a la vez seguirá siendo una deuda que aún se encuentra pendiente.
