Resistencia. Falta de mérito para la esposa de Rey, Susana Fernández; su hermano, Hugo Rey y para el dueño de la agencia Brandon, Facundo Gil.
En el marco de la causa conocida como “Lavado I”, la Jueza Federal, Zunilda Niremperger dictó este jueves el procesamiento con prisión preventiva del exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey y del exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo. También procesó a otras cinco personas, por el mismo delito.
Dictó además la falta de mérito para la esposa de Rey, Susana Fernández; su hermano, Hugo Rey y para el dueño de la agencia Brandon, Facundo Gil. Aún no se resolvió la situación procesal de los restantes imputados, como es el caso del exsubsecretario de Medios, Paulo Buticce.
La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey; al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo y les trabó un embargo por 50 millones de pesos. Es en la causa Lavado I, donde se investigan presuntos hechos de corrupción cometidos en el gobierno provincial.
En el escrito firmado en la mañana de este jueves, también se procesó con prisión preventiva y por un embargo de similar cuantía al responsable del Fideicomiso de Administración de la Pauta Publicitaria Oficial, Gustavo Katavich; al excoordinador del Programa Argentina Trabaja y mano derecha de Lugo durante su gestión en Desarrollo Social, Ricardo Ariel Retamozo; a la esposa de Lugo, Monica Yaczuk; a la pareja de Retamozo y presunta testaferro de Lugo y Rey, Claudia Varela y al presunto creador de fundaciones apócrifas y supuesto gestor de retornos ilícitos, César Zibecchi.
Todos los procesados están acusados de los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad y ser miembros de una banda. Rey, Lugo y Katavich tienen además el agravante de haber sido funcionarios públicos en ese momento. Por otra parte, tanto Yaczuk como Varela recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Asimismo, Niremperger dictó la falta de mérito para tres personas: la esposa de Rey y exsecretaria privada del gobernador, Susana Fernández; el hermano de Rey, Hugo Rey y el dueño de la agencia de publicidad Brandon, Facundo Gil.
La acusación
De acuerdo a la acusación del fiscal federal, Patricio Sabadini, Horacio Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”.
Esta actividad era realizada conjuntamente con el contador Gustavo Katavich, personal de la Fiduciaria del Norte SA y a quien Rey habría afectado a la coordinación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).
En este entramado aparece el exsubsecretario de Comunicación y Medios, Paulo Buttice. Actualmente detenido por orden de la justicia provincial, Buttice dependía de Rey y tenía la función de certificación de los servicios prestados, que se realizaba con carácter previo al pago de la pauta. (Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, aún no se resolvió su situación procesal).
Para el fiscal, teniendo el manejo de dicho Fideicomiso y sistema de gestión, “habrían implementado un esquema para el retorno ilícito de dineros públicos, lo que se concretó a través de la contratación y pago a fundaciones creadas a este fin, y a Fundaciones y Sociedades apócrifas -o sin actividad real- que facturaron servicios inexistentes, entre las que se encuentran (según la acusación del fiscal) las Fundaciones Volver a Empezar, Fundación Miqueas, Fundación Servir y Crecer, Chaco Digital, Praxton SA, Picarla SA, Selectiva SA y Framuna SA”.
Lugo y compañía
Por otra parte, según la acusación del fiscal Sabadini, se habría logrado establecer que Roberto Lugo concretó con Varela, Retamozo y Real Comercializadora SRL (polirrubro a nombre de Varela) negociados ilícitos por millones de pesos que incluyeron presuntos sobreprecios y cobros de retornos ilícitos, mediante la contratación de los mismos como proveedores polirubro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco desde el año 2014 en adelante, mientas Lugo se desempeñaba como ministro.
Real Comercializadora S.R.L. nació en 2004, tenía domicilio legal en General San Martín y se dedicaba sólo venta de motocicletas y combustibles. Posteriormente, coincidiendo con la llega de Lugo a Desarrollo Social, amplió su objeto social a múltiples rubros y termina por convertirse en proveedora de esa cartera en 2014.
Asimismo, Varela fue proveedora unipersonal del dicho Ministerio bajo el nombre de fantasía “Proveeduría Sol”. En este marco, se apunta a estas personas debido a su “crecimiento patrimonial considerable”, vinculándose en una etapa posterior, como socios y presuntos testaferros de Lugo, quien también habría incrementado su patrimonio de manera incompatible con sus ingresos.
Firmas
En cuanto a Monica Yaczuk, pareja de Lugo, la acusación apunta a los negocios que realizó con el Estado. La razón social Finza S.A., cuyo presidente era justamente Yaczuk y la empresa Intranea SA, integrada por Lidia Clara Kyocapumisz (madre de Yaczuk y suegra de Lugo) como presidente, y Silvia Simcik, habrían operado como “proveedoras polirubro” del Ministerio de Desarrollo Social, la primera desde mayo de 2012 a febrero de 2014 y la segunda desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2013 durante la gestión de la Ministro Beatriz Bogado, y siendo Lugo Subsecretario de Gobierno y Culto de la Provincia.
Además, se habría constatado que la Finza SA registra domicilio fiscal en calle Perón N° 403 donde funciona la “juguetería Identikids”, domicilio que comparte con la razón social Intranea SA. En tanto que se advirtió que en el domicilio de Lugo (Moreno 569, en Resistencia) se encuentran domiciliadas varias personas, entre ellas la razón social Finza SA y las empresas IBE SA, cuyos integrantes son Carlos Eugenio Lugo y Ana Maria Scavo, Diarpe SA e Intranea S.A., que también habrían sido proveedoras del Estado Provincial.
Finalmente, al contador César Orlando Zibecchi, la fiscalía Federal lo acusa de ser (junto a su hija, Patricia Raquel Zibecchi) quien habría desempeñado un rol fundamental en la creación de fundaciones apócrifas, como así en el circuito de cobro de los pagos que el Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO) libraba a estas fundaciones. Además, se lo acusó de ser el presunto gestor del “retorno ilícito” de dichos fondos.
