Resistencia. Con 16 votos a favor del oficialismo y 6 por la permanencia en cartera del Interbloque Cambiemos y el Frente Grande, el Parlamento chaqueño sancionó la Ley 2871-H del Ejecutivo provincial.
La normativa, que en votos pudo haber tenido un empate (en la pizarra aparecen varios ausentes al momento de votar) establece un Sistema de Retiro Voluntario Móvil para el personal de planta permanente que presta servicio en la administración pública.
El argumento de mayor peso contra la ley de Retiro Voluntario fue la falta de análisis de la normativa puesta a consideración, aunque también marcaron la contribución a las “políticas de ajuste” del Gobierno nacional.
En los fundamentos del proyecto el Ejecutivo detalla que la norma “se propicia en el marco del Convenio de Responsabilidad Fiscal firmado entre la Nación y las provincias el 16 de noviembre de 2017 para bajar el déficit” y que “el Gobierno Provincial, a través del plan de modernización del Estado, está abocado a lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados”.
Señalan también que “hay una gran cantidad de agentes públicos que desean retirarse del empleo público por distintas razones especiales y particulares, y que con esta iniciativa se brinda la posibilidad de concretar sus proyectos futuros”.
El debate en el Recinto
El diputado Justicialista Ricardo Sánchez, fue quien fundamentó la iniciativa y recordó “no es la primera vez que el Estado provincial ha llevado adelante políticas de este tipo” y se refirió a normas de retiro para el personal de ECOM Chaco S.A., el personal de Secheep, y el personal del Poder Legislativo, “también tuvimos experiencias que no fueron muy buenas, como fue el esquema del decreto nacional del año 1993 que dieron origen a los denominados BOCEP, bonos de creación de empleo privado, lo que en su momento provocó una expectativa no cumplida respecto de los agentes retirados, el despacho que emitió la comisión toma en cuenta las cuestiones positivas y negativas de estos antecedentes parlamentarios”.
Destacó que “esta ley requiere la autorización de parte del empleador, no es un retiro liso y llano que en otras oportunidades provocó que valiosos recursos humanos se vayan sin prever la continuidad de esa función a través de otra persona” y agregó que “tiene sus excepciones, seguridad y docentes, sabemos que en el tema docentes tenemos distintos proyectos con la oposición, ellos tienen uno más amplio y nosotros otro más acotado”.
“Para aquellos que dicen que puede haber algunas cuestiones engañosas les decimos que, si el trabajador inició el proceso, el trabajador va a saber si entra o no alguna bonificación y lo va a ver en esa preliquidación que el Estado tendrá que dar, el Estado se obliga en el 100% de los aportes” afirmó.
Desde la bancada del Frente Grande el diputado Daniel Trabalón consideró que esta ley “es parte de la política de ajuste” y agregó “hemos participado de la reunión donde estuvieron trabajadores y funcionarios del Estado -muy amables- pero de la información que pedimos a los funcionarios que dijeron se hicieron estudios y perspectivas, no hemos recibido nada”, reprochó.
Al respecto señaló: “Nos preocupa porque uno de los artículos tiene que ver con el tema que una vez que se retira contemplado en el artículo 11, los agentes quedarán desvinculados al Estado Provincial, los cargos vacantes serán eliminados en los casos que correspondan excepto cuando razones funcionales, debidamente acreditadas, indiquen la necesidad de continuidad de los mismos. Esto implica que ante una situación donde la necesidad de discusión no es el retiro, sino cómo hacemos para mejorar los salarios de los trabajadores”. “Esa es la problemática” remarcó y añadió “La inflación producto de las políticas del Estado nacional será superior al 30%, cuando se dio un salario del 10 %. El debate no es para mejores condiciones laborales. Es injusto y confiscatorios generar aumentos del 10 % en cuotas más tarifazos y esto se va a seguir profundizando, cuál es la situación de los trabajadores precarizados” interrogó.
“Nosotros –continuó- queremos que se discutan cuestiones centrales que hacen a los trabajadores que también se plantearon en comisión cuando se debatía el tema. Planteamos la necesidad que este proyecto vuelva a comisión y se discuta y la provincia debata cuál es la situación real de los trabajadores, condiciones laborales, situaciones de los precarizados, de avanzar en esto”.
Sostuvo además que “esto va a implicar una reforma del Estado. Cuando discutíamos con los representantes del gobierno le planteamos cuál es la política del gobierno de avanzar en este tema, no tuvimos respuesta. Entonces, teniendo en cuenta que la situación problemática de los trabajadores pasa por discutir mejores condiciones laborales, estabilidad laboral, cómo se va a instrumentar esas mejores condiciones, entendemos que es importante fijar prioridades en la agenda del Chaco, por estas razones pedimos que quede en cartera el proyecto de ley” concluyó el legislador.
Se sumó el diputado Livio Gutiérrez, del interbloque Cambiemos. Coincidió en mantener la cuestión en cartera, y argumentó que, “por algunos hechos contradictorios en el último tiempo, nos enterábamos de 60 cargos de concursos de ingresos en la Secretaría General, en Desarrollo Social…, ¿sobra gente o no?”, ironizó. Y aseguró: “Nuestro bloque necesita un debate más amplio. Tenemos un proyecto de retiro docente” recordó por eso marcó “Vamos a acompañar la moción de permanencia en cartera del proyecto”.
En tanto la diputada Gladis Cristaldo del bloque Concertación Forja coincidió en parte con los argumentos vertidos por el legislador Trabalón, “en el sentido que este proyecto se inserta en un contexto de ajuste, es una iniciativa tendiente a eliminar cargos dentro de la planta de la administración pública provincial, pero entiendo que el proyecto ha sido consensuado, algunas cuestiones puntuales planteadas por algunos sindicatos, e incluso plantee una reforma en el artículo 11 del despacho, mi acompañamiento al proyecto es la posibilidad cierta de incorporar esto, como es la eliminación de los cargos. El ejecutivo tiene que evaluar si elimina o no los cargos ya sean en Salud o Desarrollo Social”. “Son cuestiones sensibles con políticas públicas dirigidas a la población del Chaco, la idea es que previamente a la eliminación del cargo se evalúe, porque hay que asegurar la continuidad de los servicios que se prestan”, aseguró.
La legisladora graficó: “Estamos hablando de políticas públicas en sectores vulnerables. Niñas, niños, pobres, poblaciones indígenas, no es el hecho de reducir la masa salarial que dejemos de tener en cuenta que hay funciones que se deben garantizar desde el Estado. Adelanto mi voto acompañar la iniciativa en tanto y cuanto se modifique la parte de eliminación de cargo en el ministerio de Salud y Desarrollo Social” cuestión que se tuvo en cuenta para la aprobación de la ley.
