Por Cristian Muriel (*)
Antes de que la acusaran de lavado y enriquecimiento ilícito y unos días antes de que cayeran los funcionarios provinciales Horacio Rey y Roberto Lugo, la diputada nacional y exintendenta de Resistencia Aída Ayala decía: “Tenemos gran preocupación por la situación que se vive en Chaco, es el espejo del kirchnerismo que se vivió en Argentina durante doce años. Celebramos que la justicia federal investigue, y advertimos que si hay delitos federales puede haber delitos provinciales y también deben ser investigados de oficio por la justica provincial. Ante tantas denuncias hechas y tanto silencio pedimos que la justica provincial actúe como lo hace hoy la Federal”.
Unos días después, cuando la imputaron a ella y pidieron su desafuero y detención, cambió el discurso e hizo lo que cualquier acusado haría en su lugar: deslegitimar la investigación. Primero dijo que no tenía fueros, después que antes de que le quiten los fueros renunciaba, y al final pidió a sus pares de la Comisión de Asuntos Constitucionales que rechacen el pedido de desafuero “porque es ilegal”. Todo esto mientras sus amigos, correligionarios y lugartenientes salían a cazar Sabadinis.
Ahora bien: que Aída cuestione la legalidad del pedido de la Justicia Federal es una táctica defensiva tan válida como cualquier otra, pero que una comisión parlamentaria arremeta contra la “consistencia” de la causa para decidir, como lo sostuvo esta mañana el macrista Pablo Tonelli, si hacer lugar o no al pedido de la Justicia, es atribuirse la prerrogativa de un tribunal de alzada. Y eso es inconstitucional.
DISTINTAS VARAS
Según Tonelli, la síntesis de la investigación remitida por la jueza Zunilda Nirempergerpara solicitar el desafuero de Ayala no alcanza para evaluar la validez de la causa. Patricio Sabadini no está de acuerdo: “Los diputados no tienen que analizar la causa, sólo tienen que aceptar o rechazar el pedido”, responde.
El antecedente más cercano es el del exministro de Planificación Federal de CFK, Julio De Vido. En ese caso la comisión, sin tener en la mano la causa completa, emitió un dictamen en tiempo récord recomendando al Cuerpo desaforar a De Vido, que también en una sesión express lo dejó a un paso de la detención, con 176 votos para hacer delirar a sus fans.
En el caso De Vido (y también en el caso Boudou) la Cámara Federal sostenía que para pedir la detención había que considerar no sólo si el acusado se ajustaba a derecho y se presentaba a las audiencias, sino los lazos que podía tener con sus presuntos cómplices, ya que si esos lazos seguían vigentes se podía entorpecer la investigación. La “doctrina” fue aplaudida por el macrismo.
Sabadini ya mandó a Diputados la causa completa, de unas tres mil fojas, y además podría tranquilamente echar mano de la misma doctrina usada contra Julio De Vido. Pero es más plausible que, como viene la mano, el macrismo haga valer sus votos en la comisión y en el Recinto para salvar a su socia política. Sus 108 diputados serán suficientes para frustrar la conformación de los dos tercios necesarios para dejar a Aída sin fueros.
EL GUIÑO PUNITIVO
Pero todavía hay más, porque el macrismo es implacable cuando se trata de cuidar a los suyos.
A principios de abril, en la causa contra el presidente Mauricio Macri por el escándalo del Correo Argentino tras el intento de condonación de $ 70 mil millones a la familia presidencial, el procurador interino Eduardo Casal desplazó de un plumazo al fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien acababa de requerir medidas para dinamizar la investigación. Patricio Sabadini podría correr la misma suerte y quedarse sin el desafuero de Aída y sin su lugar en la Fiscalía Federal. Hoy ser opositor es punible.
UNA LISTA COMO PARA IR AL MUNDIAL
Los funcionarios de Cambiemos que deberían estar presos si se aplicara la doctrina que se usó contra Julio De Vido son Mauricio Macri por la causa de Correo Argentino; la vicepresidenta Gabriela Michetti por el memorándum con Qatar por US$ 1300M usando fondos de Anses; el ministro de Energía Juan José Aranguren por haber nombrado subsecretario al consultor privado que hizo los estudios de impacto ambiental de las exrepresas Kirchner y Cepernic.
Gustavo Arribas, director de la AFI (exSide) por recibir transferencias mientras se decidía el soterramiento del Sarmiento; el ministro de Finanzas Luis Caputo por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses; el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere por evasión, desvío de fondos y cuentas ocultas en Uruguay; el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian por darle un subsidio a Luis Etchevehere cuando era presidente de la Sociedad Rural.
Federico Sturzenegger, del Banco Central, que asumió imputado por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De La Rúa; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el encubrimiento en la muerte de Santiago Maldonado; el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, denunciado por evasión fiscal al asumir (al final lo sobreseyeron).
También Susana Malcorra, Mario Quintana, Sergio Bergman, Guillermo Dietrich, Oscar Aguad, Andrés Ibarra (ministro de Modernización); Pablo Avelluto (ministro de Cultura); Julio Martínez (exministro de Defensa, ahora senador por La Rioja), todos imputados en distintas causas. Ah, y Aída Ayala, imputada por lavado de activos, asociación ilítica y enriquecimiento ilícito.
Está visto que las varas con las que se miden las responsabilidades penales no son las mismas cuando se trata de funcionarios de Cambiemos y de la oposición.
(*) De la Redacción de Diario Chaco.
