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Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara, los senadores chaqueños con mayor cantidad de empleados a su cargo

Buenos Aires. Los dos representantes de nuestra provincia en la Cámara Alta por el peronismo están entre los que más agentes tienen a su cargo. Un informe detalla qué rango de sueldos ganan.

Los gastos del Congreso suelen estar bajo la lupa y una investigación periodística reveló esta semana la magnitud de las asignaciones de personal que se realizan en el Senado, donde hay legisladores que tienen decenas de agentes a su cargo. Entre los seis más destacados en ese aspecto, dos son representantes del Chaco.

De acuerdo a un amplio informe publicado por el diario digital Infobae, el senador con más empleados a su cargo es el santiagueño Gerardo Montenegro, con 44 agentes, mientras que el chaqueño Antonio Rodas ocupa el tercer puesto, con 39 empleados, y María Inés Pilatti Vergara comparte el quinto con otro legislador, ambos igualados en 37 colaboradores.

GASTOS POLEMICOS

La gran cantidad de personal que tienen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores siempre genera críticas de los medios y de la población en general, porque el dato se asocia con la escasa empatía que los legisladores tienen  para con la crisis y el empobrecimiento que padecen amplias franjas de los argentinos.

En el caso del Senado, Infobae hizo un relevamiento de los empleados permanentes y contratados que tienen los integrantes de esa Cámara, con resultados sorprendentes. En total, ese cuerpo del Congreso tiene 5.175 agentes, y el gasto total del Senado proyectado para este año es de 23.700 millones de pesos. En gran parte, esas erogaciones incluyen la masa salarial de los empleados y de los propios senadores.

El «top ten» elaborado por el medio periodístico, ordenando de mayor a menor a quienes más agentes tienen bajo su órbita, es liderado por el santiagueño Gerardo Montenegro, con 44 agentes. Pese a tantos colaboradores, el año pasado el senador presentó apenas seis proyectos de ley, todos asociados al ámbito deportivo, y  ninguno en los cuatro meses que ya transcurrieron de 2022.

Además, Montenegro fue denunciado en 2020 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), «tras detectar una supuesta red de falsas cooperativas que estaría vinculada al legislador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local (…) En las cooperativas aparecen familiares de Montenegro, empleados del Senado y hasta de la provincia de Santiago del Estero. Según la denuncia judicial, las cooperativas cobraron más de $90 millones de pesos. La mayor parte del dinero fue retirada en efectivo de los bancos, por lo que no hay registros de su destino final», indica Infobae.

EL REPARTO

El periódico digital explica que al llegar a su banca, cada senador dispone de 7.338 módulos para designar personal propio, que equivalen a $2,3 millones por mes que pueden distribuir a su criterio para contratar asistentes y asesores entre las categorías A-1 (la más alta) y A-14 (la más baja). También puede optar por contratar personal bajo la modalidad de locación de servicios por seis meses, cuyo retribución se «descuenta» del dinero del que dispone equivalente a los módulos asignados. A ese paquete presupuestario se le suma el personal de planta permanente que «heredan», y que no les consume la cantidad de módulos que reciben.

«Si bien cada senador tiene una cantidad de módulos fija, luego hay otras variables, como si es autoridad de bloque o presidente de comisión, por ejemplo, que modifican esa situación de paridad. Los senadores también cuentan con los empleados de planta, tanto permanente como transitoria, que son adjudicados a través del bloque o de la cámara. Cada senador, entonces, puede armar su propio esquema», comentó Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la organización Directorio Legislativo.

Adolfo Rodríguez Saá, un histórico que asumió en el Senado en 2005, es el segundo integrante de la Cámara Alta con mayor cantidad de empleados: 40 contratos de planta permanente y transitoria para el puntano, según los datos oficiales.

LOS CHAQUEÑOS

El informe detalla que el chaqueño Antonio José Rodas, exintendente de Fontana y actual legislador nacional del peronismo, «tiene el segundo despacho más costoso de la Cámara Alta. Trabajan 39 empleados para el legislador chaqueño; 22 de planta permanente y 17 transitorios. Sus salarios suman $4,6 millones por mes, según los datos oficiales. Seis de ellos tienen categoría A -1, la más alta, y cobran más de $200.000 en bruto por mes.

Infobae comenta que ante la consulta realizada al despacho del legisalador, a través de una colaboradora, Rodas envió su informe de gestión 2021. «Ese personal hace que el senador logre los resultados» mostrados en esta publicación, explicó. «En su segundo año de mandato el legislador nacional presentó 216 proyectos, 48 de los cuales fueron de ley, posicionándolo en el segundo puesto del Senado en su trabajo parlamentario», comienza el informe. Rodas integra seis comisiones de la Cámara alta.

«Rodas es firmante de numerosos proyectos, muchos de esos proyectos son de autoría de otros senadores, a los que él adhirió, y muchos otros son declarativos, como el que declara de interés el 25° aniversario de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el 14 de mayo de 2022», apunta el artículo publicado.

En cuanto a la también chaqueña María Inés Pilatti Vergara, que pertenece al mismo bloque oficialista, el informe indica que emplea a 37 personas en su despacho, que suman salarios mensuales por $4,4 millones. «Esta legisladora chaqueña – integrante además del Consejo de la Magistratura de la Nación por la mayoría en el Senado – contrató a 8 asesores con la A-1, la categoría más alta, con sueldos que comienzan en $200.000 en bruto», se apunta. «No hubo variantes respecto al personal a mi cargo», se limitó a responder la senadora ante la consulta de Infobae, que el medio menciona como «reticente a dar precisiones».

Los sueldos más altos son para los senadores: perciben haberes que comienzan en los $350.000 en bruto, pero a esa cifra hay que sumarle otros $100.000 por gastos de representación y un plus por desarraigo para la mayoría que vive en el Interior del país.