Sáenz Peña. El exgobernador chaqueño evitó un interrogatorio directo. Presentó una declaración escrita en la que niega haber cometido irregularidades. Posterior a su presentación en Fiscalía, sus «laderos» orquestaron un operativo en redes y medios denunciando «persecución política en medio de una guerra judicial».
La jornada de indagatorias en la Justicia federal de Sáenz Peña por la «Causa Tierras», un expediente penal en el que Jorge Capitanich está imputado de haber participado en operaciones supuestamente irregulares con tierras fiscales, fue levada adelante por el fiscal Carlos Amad, que afirma que el exgobernador tuvo responsabilidad en negociados que perjudicaron al patrimonio del Estado.
En la audiencia estaba previsto que Capitanich, actualmente candidato a senador por la coalición kirchnerista Fuerza Patria, declarara no de manera presencial sino mediante una plataforma de videollamadas. La diligencia procesal se llevó a cabo de ese modo, y en ella el referente peronista hizo uso de su derecho a no aceptar preguntas por parte del fiscal. En vez de eso, presentó un escrito en el que afirma que la causa es «una invención» de Amad.
En su texto, Capitanich dijo que el fiscal «inventa un hecho ilícito, elige pruebas que se ajustan a su invención, fragmentando la realidad y descartando las que la contradicen, para justificar la permanencia de la causa en el fuero federal». Lo acusó de tener un «desconocimiento supino» del funcionamiento de la administración pública, los institutos autárquicos, el rol de cada funcionario, los mecanismos de control, el manejo de fondos y las leyes vigentes. Al mismo tiempo, califica de «descabellada» la denuncia que dio origen a toda la investigación, formulada por la dirigente radical y funcionaria Marilín Canata.
«El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones, que son facultad exclusiva del Instituto de Tierras, cuando las mismas superan las 300 hectáreas. Esto no es una opción del gobernador, es una obligación legal», dijo Capitanich en su descargo.
Respecto del supuesto lavado de activos, dijo que los inmuebles cuestionados aún son parte del Estado. «Estamos siendo acusados de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio. Por lo tanto, no existe el lavado de activos. Una irracionalidad total», planteó.
Posterior a su paso por Fiscalía, uno de los soldados más fieles de Coqui, Juan Manuel Pedrini, ensayó una encarnecida defensa de su «patrón político» repasando algunos párrafos del escrito presentado por el ex gobernador.
