Sáenz Peña. Una empresa de la Segunda Ciudad chaqueña tenía cierta exclusividad en los contratos con una veintena de municipios. Todo venía apadrinado «desde arriba». La firma del prospero empresario multirrubro se habría hecho de más de 30 millones.
Si bien hay 92 jefes comunales de todo el país procesados y embargados, la posibilidad de que el juez Bonadio comience ahora a desentrañar las acciones que venían digitadas «desde arriba» podría poner en evidencia la opulenta fortuna de algunos que se beneficiaron con los fondos.
Hoy en los pasillos de los Tribunales de Bonadio se analizan documentaciones que demuestran muchas transferencias millonarias por parte del Gobierno Nacional con el objetivo de sanear los basurales a cielo abierto y construir celdas de disposición final.
Si bien el dinero llegó a cada una de las localidades del interior chaqueño, en muchos casos el estado de algunas obras no se correspondía con el dinero destinado a ellas; mientras que otras ni siquiera fueron ejecutadas. Pero el común denominador en Chaco es «la empresa» beneficiada en muchos de esos casos.
Hay muchas situaciones donde la documentación obligatoria como el Acta de Inicio de Obra, los certificados de Avance de Obra y el certificado final, entre otros informes, jamás fueron presentados; sin embargo son varios los municipios cuestionados e investigados que efectuaron el pago total el mismo día en el que se firmó el contrato, y tal como le sugirieron «desde arriba» la empresa que en los contratos aparece como Oferente 1 siempre es la misma.
En las últimas horas comenzó a aparecer información respecto a que desde los saneamiento de basurales a cielo abierto, las celdas de disposición final, la construcción de reservorios, e incluso hasta las campañas de concientización, todo siempre era contratado a una misma empresa con domicilio en Sáenz Peña, y que según afirman muchos el empresario titular de la misma, que demuestra un crecimiento patrimonial imponente, sería el testaferro de un ex funcionario que digito ciertas acciones que hoy son investigadas por el juez Bonadio.
La firma saenzpeñense, que tenía cierta exclusividad para ejecutar obras de este programa, habría hecho de más de 30 millones.
