resistencia. La provincia está entre las que mayores desequilibrios presentan en sus cuentas fiscales, junto con otras del Norte argentino y las patagónicas, según un informe del Ieral.
Un trabajo de la Fundación Mediterránea apunta que los mayores desequilibrios en las cuentas públicas se registran en las provincias patagónicas y en las del Norte, como Jujuy, Chaco y Salta. Son esas jurisdicciones las que, según los especialistas, más esfuerzos tendrán que hacer en materia de recortes con vistas al Presupuesto 2019 y a las exigencias que implicará el acuerdo con el FMI.
De hecho, el presupuesto del año próximo deberá reflejar el plan de ajuste que el gobierno argentino presente al FMI y, en ese marco, será inevitable que el presidente Mauricio Macri busque un acuerdo con los gobernadores.
Así lo refleja una nota publicada por el diario La Nación, donde se indica que, a la hora de definir recortes, las transferencias no automáticas a las provincias son una de las variables en estudio. Y, más allá de que los mandatarios provinciales peronistas insisten en que el mayor déficit es de la Nación, la mirada del FMI es integral y el acuerdo las incluirá, según descartan en las gobernaciones.
El rojo consolidado de las provincias es inferior al 1% del PBI. A septiembre de 2017 (último dato disponible), 17 de 24 jurisdicciones mostraban déficit. Esos datos están contenidos en el trabajo de la Fundación Mediterránea, a través del Ieral, donde se muestra que los mayores desequilibrios se registran en las provincias patagónicas y en las del Norte. Buenos Aires estaba en el lote, pero esa situación cambiaría desde este año a partir de la solución al problema del Fondo del Conurbano Bonaerense que surgió del pacto fiscal.
Cuentas públicas provinciales
Los economistas Marcelo Capello, Luis Laguinge y Lucía Iglesias sostienen que esos son los distritos más urgidos en «racionalizar el gasto», no solo para achicar el rojo, sino también para demandar menos asistencia nacional. Recordaron que además, por el Consenso Fiscal, los gobernadores se comprometieron a bajar gradualmente la presión en Ingresos Brutos y Sellos, luego de una década de sucesivos incrementos en ambos.
Las provincias más comprometidas con el “rojo”, según datos del resultado financiero en términos de gasto total a 2017, son Chubut (-16,9), Santa Cruz (-11,2%), Neuquén (-8,2%), Jujuy (-7,7%), Chaco (-6,5%), Río Negro (-5,5%), Salta (-5,4%), Tierra del Fuego (-4,9%), CABA (-4,2%), Entre Ríos (-3,8%) y Misiones (-3,5%).
Así, según resalta el Ieral, racionalizar el gasto provincial es necesario para que aquellas jurisdicciones aun deficitarias dejen de serlo, y demanden por ende menos asistencia nacional.
El gasto en remuneraciones es el principal componente del gasto público provincial: más del 46% del total de erogaciones del consolidado provincial está explicada por este concepto. El resto de los componentes del gasto tienen una participación relativamente inferior en el total: las transferencias totales (corrientes y de capital) representan más del 20% del total (incluyen regímenes de transferencias a sus municipios), las prestaciones previsionales más de un 12% (la mitad de las provincias no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación), la inversión pública un 9,3%, y el resto de erogaciones (incluido los intereses) un 12%.
Pero para detectar dónde existen mayores posibilidades de lograr ahorros en el sector público provincial, conviene analizar primero en qué partidas han aumentado en mayor medida las erogaciones en los últimos años. En términos del PIB, el gasto total del consolidado provincial se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2017, pero entre 2005 y 2015 aquel se incrementó en 5 puntos del PIB.
En ese período se incrementó en gran magnitud el gasto de funcionamiento del consolidado provincial, pasando del 6,7% del PIB en 2005 al 10,1% en 2015 (+3,5pp). Este incremento estuvo explicado fundamentalmente por el aumento del gasto en remuneraciones, que en términos del producto fue de +3,3pp en quince años.
La conclusión anterior se confirma cuando se observa que, entre 2005 y 2015, la planta de personal ocupada en el sector público provincial se incrementó casi cuatro veces más que el aumento de la población en ese mismo período.
“Los gobiernos provinciales deben también racionalizar sus erogaciones, para cerrar su déficit financiero y requerir menor asistencia nacional, pero también, y especialmente, para poder cumplir con el cronograma prometido de reducción de impuestos que rubricaron con el Consenso Fiscal”, indica el informe del Ieral y agrega: “De manera que no ocurra como en 2018, en que 13 provincias aumentaron sus alícuotas de Ingresos Brutos en al menos un sector, aprovechando el margen entre la alícuota efectiva y la tasa límite (techo) establecida en el Consenso Fiscal, atentando así contra el espíritu del mismo”.
Recorte difícil
Con todo, parece difícil que en un contexto en el que se proyectan menos crecimiento y más inflación, los gobernadores recorten planteles. Radicales y peronistas ya coincidieron en que es imposible ajustar personal y obra pública, aunque exploran alternativas. Temen que esa medida antipática eleve la conflictividad y complique aún más la situación.
Al igual que la Nación -aunque, por supuesto, en menor medida-, las provincias salieron a buscar financiamiento en el mercado internacional. En los últimos dos años, emitieron deuda por US$11.000 millones a una tasa promedio del 8%.
La devaluación -cercana al 50% desde noviembre de 2017, según los especialistas- afecta más a las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos corrientes al pago de servicios de deuda; al tope de esa lista están Chubut (7,3%), Buenos Aires (5,8%), Neuquén (5,1%) y Mendoza (4,5%).
