Resistencia. La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condenó al dirigente piquetero Carlos Iván Barraza a diez años de prisión efectiva y la inhabiltación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios en concurso real. Además se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
De manera unánime, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condenó a Carlos Iván Barraza a diez años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios (arts. 174, inc. 5°, y 261 del Código Penal), en concurso real entre sí (art. 55 del Código Penal).
Asimismo, se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos (art. 261 del Código Penal) y las accesorias legales correspondientes (art. 12 del C.P.), todo ello en el marco de la causa Nº 569/2024-1, con costas.
Además, ordenó al Equipo Fiscal de turno que investigue a otras personas por la presunta comisión de diversos delitos. Entre ellos, dispuso por ejemplo investigar por el presunto delito de falso testimonio a Gustavo Ariel Brites. También investigar al extitutlar del IAFEP, Carlos Mauricio Andión y a Laura Moreno la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023 a personas o movimientos sociales que no reunían condiciones mínimas.
El tribunal estuvo integrado por las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey. Las partes fueron representadas por el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera y Daniel Vilchez como defensor particular y Sergio Funes querellante por el Estado.
El debate comenzó en julio donde participaron 36 testigos, en su gran mayoría protegidos, por lo que se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad para su resguardo.
El fiscal de Cámara mantuvo su acusación inicial y solicitó diez años de prisión efectiva para el imputado. En este mismo sentido se expresó la querella. Mientras que la defensa solicitó la absolución de culpa o la pena mínima con el beneficio de prisión domiciliaria.
