El fiscal federal acusó a 17 personas por la venta ilegal de autos públicos

Resistencia. Apuntó contra una funcionaria y dos empresarios. Detectaron operaciones que datan de 2016. Varias denuncias forman parte de la investigación.

No se trataba de una denuncia sino de varias que fueron presentadas por responsables de Registros Automotores de Resistencia que permitieron determinar la existencia de una asociación ilícita integrada por 15 personas que actuaron para vender o transferir vehículos que pertenecían al Estado.

Y en tal sentido el fiscal federal, Patricio Sabadini, presentó el requerimiento contra Santiago Daniel Dellacasa, Héctor Jorge Dellacasa, Lidia del Carmen Costas, Silvia Mariel Sánchez, Daniel A. Rojas, Marcos Vargas, Aldana Gregoret, Yolanda Estela Wicle, Mario Orlando Bistman, Carlos Alberto Ledesma, Patricia B. Fioravanti, Griselda Ayala, Aníbal Rubén Santambrogio, Mabel Olinda Cortésy Juan Esteban Barbetti Méndez. Todos ellos fueron imputados por asociación ilícita y otros delitos.

En tanto, también fueron requeridos Jorge David Martínez y Juan Esteban Barbetti Méndez. Asimismo, el fiscal apuntó, en esta causa, a Lidia del Carmen Costas, Santiago Daniel Dellacasa y Héctor Jorge Dellacasa.

Sobre la primera dijo que anexos falsificados fueron certificados por Lidia del Carmen Costas en carácter de responsable de la Dirección General de Gestión de Bienes de la Secretaría General de Coordinación y Gobierno de la Provincia del Chaco.

Mientras que los señores Dellacasa forman parte de la empresa “Solint” S.A.S., una de las beneficiadas con estas operaciones. Según creen los investigadores la organización al menos desde el año 2016 hasta la actualidad buscó transferir automotores y motovehículos, que integran el patrimonio del Estado Provincial, a nombre de la sociedad Solint S.A.S. o a los llamados prestanombres que luego transfieren los vehículos a dicha empresa o a los Dellacasa valiéndose para ello de documentación apócrifa presentada, a esos fines, ante el Registro de la Propiedad Automotor.

“Afectaron el erario público provincial mediante el desapoderamiento ilegítimo de bienes propiedad del Estado y fundamentalmente, en lo que aquí interesa, el normal funcionamiento del Registro de la Propiedad Automotor”, sostuvo el fiscal federal que presentó la acusación contra esta asociación. Hay que recordar que también hay una causa provincial.