Resistencia. A través de un documento del partido Frente Grande del Chaco cedido a los medios, se señala que, »el Poder Ejecutivo provincial ha convocado a audiencias públicas para el próximo 5 de febrero con vistas a producir modificaciones tarifarias en el agua potable y energía eléctrica».
El documento
”Más allá de que no compartimos la decisión de convocar a una audiencia pública en el marco de las restricciones sanitarias vigentes y que en repetidas oportunidades hemos criticado el sistema de audiencias implementado en nuestra Provincia por su carácter acotado en materia de información y acceso al debate y a la información, consideramos conveniente aportar algunas reflexiones al debate público.
La historia reciente
En primer lugar queremos manifestar que en nuestro país hemos sido ampliamente afectados por los ajustes tarifarios en servicios esenciales por decisiones políticas del gobierno de la Alianza PRO-UCR. Pasamos desde un gobierno, hasta el 2015, dónde las tarifas formaban parte de un esquema basado en el consumo interno y la accesibilidad masiva a los servicios a un esquema de dolarización de tarifas y con énfasis en la alta rentabilidad de los concesionarios de los servicios, algunos de los cuales eran socios comerciales del ex presidente Mauricio Macri.
El gobierno de Domingo Peppo rápidamente se subió el carro de los tarifazos seriales, célebre es su discurso de asunción donde anunció ajustes tarifarios antes que el propio Macri, y rápidamente replicó con creces los ajustes sucesivos sin siquiera definir un esquema de resistencia política que podría/debería haber tejido con el arco político opositor al gobierno nacional de aquel momento.
Las consecuencias de la decisión tomada por el ex gobernador entre diciembre del 2015 y 2019, fueron por un lado un brutal ajuste de las tarifas y por otro el endeudamiento de SECHEEP en más de 5.000 millones de pesos, siendo la Empresa Provincial la principal deudora de Cammesa. Ni hablar de SAMEEP, que fue una “zona liberada” para que el hoy intendente de Resistencia, Gustavo Martinez, construya su “caja” con la anuencia de los organismos de control.
Los chaqueños fuimos así víctimas de incrementos tarifarios, especialmente a la energía, a la telefonía celular y al gas envasado, pero también al transporte y al agua potable que no guardaron ninguna relación con la variación de los ingresos. Debemos recordar que 2016/2019 fueron años de caída de ingresos reales de sectores populares, con lo cual la accesibilidad a servicios esenciales se vio altamente comprometida.
Solamente, en algún momento, se ensayó una pantomima de subsidios a sectores de bajos ingresos, llamado “Chaco Subsidia”, que terminó siendo de acceso de una minoría, arriesgamos a decir que hoy nadie ya es beneficiario de los anunciados sistemas de subsidios.
Nuestros gobernantes provinciales, por cuatro años, consintieron la política de afectación de ingresos a los sectores populares. Observando y consintiendo cuando las tarifas se resolvían en otros niveles de gobierno y trasladando sin remordimiento cuando las decisiones se tomaban en nuestra provincia.
Desde nuestro bloque legislativo – en estos cuatro años representado por el Diputado Daniel Trabalón – intentamos una y mil veces advertir de la gravedad de la situación y generar acciones para producir un cambio, las que nos prosperaron por desidia y complicidad, incluso de los legisladores de la UCR que hoy se pretenden erigir como fiscales ante el debate actual.
El proceso reciente
El gobierno nacional iniciado en diciembre de 2019 ha tomado la decisión correcta de congelar las tarifas e introducir mecanismos de revisión sobre los ajustes y el entramado jurídico –una telaraña a favor de las empresas- construido por Cambiemos. Esa telaraña lleva inmersa la dolarización tarifaria, un verdadero castigo a quienes con un salario en pesos deben afrontar los servicios.
Incluso el Poder Ejecutivo le otorgó el carácter de servicio público a la telefonía celular y se encuentra desempeñando un papel activo en materia de tarifas de internet y tv por cable, esenciales en estos tiempos de pandemia.
El último instrumento dictado por el Poder Ejecutivo nacional fue el decreto 1020 del 16/12/2020 que suspendió los ajustes tarifarios de energía eléctrica y gas natural por 90 días corridos o “hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios” que se están renegociando. La adhesión de nuestra Provincia a este instrumento no ha sido considerada por la Legislatura, aunque en su ámbito obra un proyecto de autoría de nuestro bloque legislativo.
El gobernador Jorge Capitanich desde que asumió ha convocado a 3 audiencias públicas para producir incrementos tarifarios al agua potable y la energía, en nuestra humilde opinión fuera de tiempo y espacio, y suspendió las dos primeras. Entendemos que debe repetir esa suspensión para ésta tercera.
La situación social y de ingresos de los sectores populares no ha mejorado en 2020 y, si bien se esperan mejoras para 2021, un ajuste tarifario en el inicio del año no contribuiría a la necesidad de recuperación de los ingresos y pondría en peor riesgo social a muchas familias chaqueñas.
Proponemos
Previo a considerar cualquier ajuste tarifario, teniendo en cuenta que estamos hablando del acceso al agua y a la energía, no solo como servicios que el Estado debe garantizar, sino también como Derechos Humanos fundamentales para el desarrollo de las personas y la sociedad, proponemos considerar aspectos que razonamos sustanciales:
a) Una evaluación del impacto de las tarifas de agua y energía sobre el nivel de ingresos de las familias chaqueñas, considerando los desproporcionados incrementos entre 2016 y 2019 y la afectación de los mismos durante la pandemia. El aumento de la tarifas no puede ni debe ser confiscatorio del trabajo y el salario de los chaqueños, como lo fue durante los 4 años de Macrismo. Entendemos que tiene que ser gradual y razonable, tiene que tener relación con el contexto socio- económico, sobre todo de los sectores más vulnerables, y guardar relación con los aumentos salariales .
b) El dictado de un instrumento legal que determine con claridad mecanismos de atención del consumo de sectores críticos de la comunidad, con carácter universal y con parámetros objetivos. En ese sentido aportamos una iniciativa presentada por nuestro bloque legislativo en el mes de diciembre (proyecto 2138/2020)
c) Obtención por parte del gobierno nacional de un reconocimiento a la situación de altos consumidores de energía eléctrica por razones climáticas y por ausencia de cobertura de gas en redes.
d) Amplia difusión sobre el estado de situación de las empresas SECHEEP y SAMEEP así como un plan de acción de recupero de acreencias de sectores en condiciones de cumplir con la carga tarifaria”.
