Taco Pozo. El abuso de poder policial, la ilegalidad y el maltrato, ha sido un coctel que se potenció en la localidad con la llegada de Daniel Melchiori, un sheriff del Lejano Oeste a quien la Jefatura suspendió en sus funciones tras acumular 25 denuncias desoídas y hacer podio con la detención ilegal de médicos.
Se dice, y algunas voces de la localidad lo reafirma, que es llamativo como se decidió ignorar deliberadamente más de 25 denuncias acumuladas contra el personal de la Comisaría de Taco Pozo, y en particular contra el propio comisario Melchiori. «Lo sabían, pero se hicieron los tontos, yo advertí de esto al propio gobernador», dijo en intendente Carlos Ibáñez.
Al parecer hay un intento político de desestabilizar al intendente que es votado desde hace muchos años. Puede que con artilugios de la misma política y el mismo sistema, como lo hacen otros jefes comunales de la UCR, pero votado por el pueblo al fin y al cabo.
La abogada Adriana De Langhe tuvo una activa participación al acompañar a muchos víctimas que denunciaban los abusos y «los delirios de Rambo» de Melchiori, bancados por la Jefatura. Incluso recientemente consiguió que prospere un Habeas Corpus impidiendo que el ex comisario se acerque a la Comisaría o a sus víctimas.
La Jefatura de Policía respaldaba a «pie juntillas» el trabajo de Melchiori, y aseguraban que su accionar «molesta a mucha gente», y atribuían que las denuncias contra el funcionario policial estaban direccionadas por el municipio local porque no estaban acostumbrados al control.
Tres meses después, la postura cambió drásticamente, y el propio ministro Matkovich se hizo eco de lo sucedido y aseguró que «el jefe de la Policía ordenó la inmediata intervención del órgano administrativo a través de la Dirección de Zona para deslindar responsabilidades». Matkovich también afirmó que «personajes como este no tienen lugar en nuestra policía».
La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña resolvió una medida inédita en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en Taco Pozo el pasado 17 de agosto. Allí, un grupo de médicos y voluntarios solidarios denunció haber sido víctimas de abuso de autoridad y apremios ilegales por parte de la policía local.
La resolución también dispuso la recolección de pruebas e informes a distintas dependencias judiciales y policiales, con el objetivo de determinar si existen otras denuncias previas contra Melchiori y su personal. Entre las medidas solicitadas se incluye la copia certificada del libro de guardia de la seccional, la identificación de los vehículos oficiales utilizados y la documentación sobre la aptitud psicofísica de los agentes intervinientes.
El fallo da intervención a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, reforzando el carácter institucional del caso.
La prohibición de acceso de Melchiori a la comisaría marca un antecedente relevante en la provincia, donde se investigan presuntas prácticas de violencia institucional contra profesionales de la salud y ciudadanos que cumplían tareas solidarias.
