Resistencia. Habían presentado una denuncia penal en el mes de agosto pasado, contra los responsables de la fraudulenta operatoria. Ahora expusieron su situación ante legisladores.
Representantes de las 100 familias estafadas en Sáenz Peña, por dirigentes gremiales del Sindicato de Judiciales, Aranda y Ramos, y el dirigente gremial del Banco Nación, Luis Vargas, quienes vendieron terrenos con la promesa de la construcción de viviendas que jamás se concretaron, se reunieron con representantes de otras 63 familias de Resistencia engañados con la misma modalidad por parte de la dirigente cegetista GracielaAranda.
Fueron recibido por el presidente del bloque Dr Carim Peche junto a los diputados del mismo bloque, ante quienes expusieron la situación.
Los damnificados sugirieron que se realice un pedido de informe en relación a la operación de la compra y venta millonaria de los terrenos ya que las 163 familias se sienten estafadas. Explicaron también, los afectados de Resistencia que de la misma forma que actuaron en Sáenz Peña también lo hicieron con ellos.
Tras la reunión con los legisladores de Cambiemos, pedirán una similar con los diputados del bloque Justicialista. El caso está siendo investigado en la Fiscalía N° a cargo de la Dra Liliana Lupi, pero que hasta el momento no ha habido avances al respecto.
UN CASO VIDRIOSO, SIN MUCHA INVESTIGACIÓN
La denuncia
La denuncia fue realizada en el mes de agosto del año 2017 en la Fiscalia N° 1 a cargo de la Dra Liliana Lupi y es por el delito de Supuesta Estafa contra la secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales Graciela Aranda, contra su par de Sáenz Peña Miguel Ramos y contra Eduardo Vargas, dirigente gremial del Banco de la Nación Argentina.
Aseguran los damnificados que en representación del SEJCH Miguel Ramos y Graciela Aranda, junto a Luis Eduardo Vargas, concretaron una operatoria de “jugosos dividendos y que el dinero recaudado no fue a parar a las arcas del SEJCH, lo que obviamente también perjudica a todos y cada uno de sus afiliados”.
Hoy, luego de varios años de espera, los damnificados se encuentran sin viviendas, sin terrenos, sin dinero, “totalmente desfinanciados y con nuestros ahorros en manos de estos personajes, quienes utilizaron las instituciones en el marco de sus representaciones para influenciar, para engañar y para determinar la voluntad con maniobras ardidosas, generando un gran perjuicio patrimonial”, señala la denuncia.
La denuncia que apunta a Aranda, Ramos y Vargas señala que estas tres personas “engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras.
Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos.
Los pagos
“Para ingresar a la operatoria nos hicieron firmar un convenio marco denominado “Convenio de Reserva de Adjudicación”, ofrecían terrenos de distintas medidas y precio que oscilaban entre los $95.000 y $240.000 que debían abonarse de contado o en 3 pagos cómo máximo y debía cancelarse antes del inicio de obra que según ellos sería a principios de 2015, cosa que nunca ocurrió como tampoco la compra de los terreno, ante esta situación pedimos informes en la Dirección de Catastro del municipio de Sáenz Peña y no existía mensura alguna, también nos enteremos de que el IPDUV no habría beneficiado al SEJCH con ninguna operatoria de viviendas”
Graciela Aranda: la Fundación
“Lo más grave de toda esta situación es que tomamos conocimiento de que los terrenos fueron transferidos directamente de quiénes éramos los primigenios propietarios a una entidad denominada “FUNDACION MOVIMIENTO OBRERO SOLIDARIO” cuya Presidente casualmente sería la Secretaria del Gremio de Empleados Judiciales del Chaco Graciela Aranda y que el domicilio legal de dicha fundación coincidiría con el mismo en el que reside esta señora, la Fundación habría adquirido los terrenos en $1.200.000 cuando el gremio recibió aproximadamente $15.000.000 por la venta de los 100 lotes”
Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal.
