Sáenz Peña. El lugar donde se iba a contruir un barrio sigue siendo un baldío. Hay varios gremialistas involucrados. Las familias estafadas hablan de desamparo y desolación judicial.
El sueño de la casa propia es un sacrificio que implica resignar gastos, ahorrar, adquirir deudas. Cien familias en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña depositaron todas sus expectativas, sus ahorros y sus sacrificios en tres personas que terminaron estafándolos. Bajo la promesa de un nuevo barrio judicial en menos de un mes se reunió una suma millonaria que se traducirían en viviendas pero que, cinco años después, son solo terrenos baldíos.
El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) bajo la titularidad de Graciela Aranda – Secretaria General del sindicato y de la CGT Chaco – ofrecía un plan de viviendas en la ciudad de Sáenz Peña. Se “vendía” un terreno y la edificación de una vivienda. Los costos variaban conforme a las dimensiones del predio. Las familias tenían solo un mes para reunir el dinero solicitado. La inmediatez de la solicitud radicaba en que el trabajo de suelos debía comenzar a principios de año en el 2015. Fue así que cien familias hicieron el pago efectivo de las ofertas habitacionales que se construirían en el “segundo barrio judicial.”
El predio está ubicado al Norte de la ciudad Termal sobre calle 12 en cercanías al Cementerio “Juan XXIII.” La compra de esas parcelas la realizó el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco pero luego fueron vendidas a la Fundación “Movimiento Obreros Solidario” que (curiosamente) tiene dirección fijada en el domicilio particular de Graciela Aranda, Secretaria General del SEJCh. La Fundación compró el predio para evitar un embargo que recaía sobre inmuebles del Sindicato Judicial.
El pago de los proyectos habitacionales se realizó a fines del año 2014, hoy, cinco años después el predio sigue siendo baldío. A meses de la operatoria, las familias advirtieron que podrían estar siendo víctimas de una estafa. Iniciaron averiguaciones en la Dirección de Tierras de la Municipalidad y corroboraron que esos terrenos jamás habían sido demarcados ni tazados, es decir no existía un plan de vivienda previsto en el lugar. Ante la situación, varias de las familias decidieron radicar una denuncia por “Supuesta Estafa” contra Luis Vargas referente de la Asociación Bancaria filial Sáenz Peña, Miguel Ramos referente del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, filial Sáenz Peña y Graciela Aranda, Secretaria General del SEJCh. Estas personas fueron las encargadas de ofrecer los planes de vivienda y de cobrar el dinero para el inicio de las obras que jamás se ejecutó.
Dos años después de aquella denuncia inicial en la Fiscalía de Investigaciones N°1 de la ciudad Termal a cargo de la Dra Liliana Lupi, la causa parecía tener un avance. Graciela Aranda fue citada a comparecer por las acusaciones en su contra. El Dr Jorge Alcantara se presentó como su abogado y explicó que se presentó ante la Fiscal la documentación que detallaba porqué el barrio judicial no se había construido hasta el momento. “Vinimos a hacer la presentación correspondiente con las documentales correspondientes; todo referente –digamos- a un plan de viviendas que tuvimos los pasos correspondientes.”, dijo Graciela Aranda en aquel mes de septiembre del 2017 cuando salía de Fiscalía. Sin embargo después de aquella presentación la causa – sospechosamente – quedó trunca. “Estamos en una desolación de desamparo y desolación judicial”, afirmó el Dr Carlos De Cesare ante esto.
Hoy, 20 de septiembre del año 2019, el predio donde se edificarían viviendas judiciales para conformar el “segundo barrio judicial” sigue siendo un terreno baldío. El pago del dinero por aquellos cien proyectos habitacionales hoy significan un total de 100 millones de pesos.
