Resistencia. El ministro chaqueño repasó los ítems que contiene el acuerdo con el Fondo Monetario, que implicarán recortes con impacto en los fiscos provinciales y un nuevo debate de la Reforma Tributaria.
l ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Cristian Ocampo estimó que el recorte de transferencias discrecionales que la Nación hace a las provincias “a priori afectaría las arcas provinciales, porque afecta una fuente de recursos”. La poda llegaría al 1,2% del PBI en ese ítem. “Lo que para el Estado nacional es un gasto, para nosotros son recursos”, contrastó, y dijo que “es un cierre de un cálculo perfecto sin tener en cuenta la realidad”.
Cristian Ocampo advierte que el compromiso del gobierno nacional con el FMI para reducción del déficit primario implica “un esfuerzo del 100% en la baja de las transferencias a las provincias”.
Llevados esos porcentajes a números, significarán 150.000 millones de pesos menos, de los cuales 100.000 son transferencias corrientes. “Lo veo poco reali-zable”, opinó.
En esas transferencias corrientes se anotan ítems como el Fondo de Incentivo Docente y la asistencia a regímenes jubilatorios tradicionales no transferidos a la Nación. “No vamos a cesar en el reclamo de que los déficit deben ser com-pensados, como se plasmó en dos leyes anteriores de los presupuestos 2017 y 2018”, enfatizó el funcionario en declaraciones a radio Universidad.
“Tenemos que dar una muestra de equidad en el esfuerzo. Es algo que se debatirá a la hora de ver cómo soportamos el esfuerzo fiscal para que Argentina tenga gobernabilidad”, dijo, y señaló que al momento no hay una convocatoria oficial a gobernadores hecha desde Nación para negociar la reducción del déficit fiscal.
Así, Ocampo coincidió con la Fundación Mediterránea, que en un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Lucía Iglesias, indicó que los fiscos provinciales se verán afectados por los recortes de transferencias discrecionales que la Nación deberá aplicar en vistas del objetivo de asegurar el cronograma de reducción del déficit fiscal comprometido con el FMI. Además, según los especialistas, habrá que considerar un conjunto de otros factores para definir el efecto neto que habrá de operar sobre las finanzas provinciales en lo que queda de 2018 y en 2019”.
Esfuerzo máximo
“Dará para un debate más profundo porque la exigencia a la cual se comprometió el Estado nacional en la carta de intención con el FMI de reducción del déficit primario implica un esfuerzo del 100% en la reducción de las transferencias a las provincias”, indicó.
En un repaso punto por punto de los aspectos conocidos del acuerdo, Ocampo explicó que uno de los ítems establece la postergación de la baja del impuestos estipulada en la Reforma Tributaria (Ley 27.430), en particular de las cargas sociales. “El Pacto Fiscal implicó una serie de modificaciones y extensiones de recursos con afectación específica. Esa ley proyectaba reducir las contribuciones patronales. Pero el FMI pidió que se reviera ese punto porque eso atenta contra la generación de recursos de un Estado que es deficitario”, precisó.
Al respecto, explicó que para reducir el déficit puede haber dos caminos: a tra-vés del recorte de gastos o vía aumento de los recursos. “Ambas cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Entonces el FMI está advirtiendo sobre las retenciones a las exportaciones de granos”, marcó. Por eso, el organismo su-giere mantener las retenciones a la soja y a sus derivados en el 25,5% (y no aplicar la baja gradual que está en marcha).
“Nosotros planteamos como Reforma Tributaria y Consenso Fiscal en un contexto anterior, sin la imposición del FMI. Con lo cual el gran debate se dará en el Congreso. Con estas exigencias que plantea el acuerdo, indefectiblemente el gobierno deberá recurrir al Congreso porque estamos hablando de la realización de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, es decir, vender las acciones que ese fondo tiene de distintas empresas privadas”, reveló. Las inversiones del FGS y los activos que debe mantener están fijados por una ley, acotó.
Recortes por todos lados
En concreto, Ocampo explicó que los puntos del acuerdo entre Argentina y el FMI que implican recortes son: postergar la baja de impuestos prevista en la Reforma Tributaria; mantener las retenciones a la soja y derivados en el 25,5%; reducir los gastos de servicios del Estado en un 15% (en particular viajes, pasajes, etcétera); congelar ingreso de personal al Estado; reducir transferencias a las provincias en un 1,2% del PBI y gastos de capital (obras) en un 0,6%; revisar la reforma tributaria y en especial el Impuesto a las Ganancias de las empresas (bajas del 35 al 25%); venta de tierras fiscales (pertenecientes al Estado) y de activos del FGS.
“Uno no imagina un Estado que no haga obras, porque las necesidades de infraestructura son crecientes. Si bien hay un esquema alternativo a través del PPP, donde la provincia tiene un avance significativo, el sistema en el país todavía no dio sus primeros pasos”, advirtió, y dijo que reemplazar la obra pública por ese programa “llevará un tiempo”. “Con esta exigencia significa que habrá transferencias cero a las provincias por obras de infraestructura”, subrayó, lo que denota que “es un cierre de un cálculo perfecto sin tener en cuenta la realidad”.
Otra complicación será el punto sobre el Impuesto a las Ganancias. “Es el se-gundo de mayor recaudación en el país. Estaba planteado que las sociedades que reinvertían sus utilidades, podían computarlas en un 25% de la ganancia y reinvertirse el 10% de impuestos que se devengaría pero no se liquidaría”, expuso.
Los debates que vienen
En ese marco, consideró que la Reforma Tributaria, que implica recursos que las provincias dejan de percibir vía coparticipación, deberá volver a discutirse. “No podemos seguir planteando reducciones impositivas, porque en definitiva estamos apagando un motor que es el Estado, siendo que es uno de los grandes impulsores de la actividad económica del país. Los empresarios esperan señales para invertir, y nosotros lo tenemos en consideración”, analizó.
Alertó, luego, que el FGS de Anses sobre el cual el acuerdo con el FMI exige venta de activos, es el fondo de reserva de las jubilaciones. “El previsional es uno de los sistemas más deficitarios del Estado nacional y gran parte de los recursos se afectan a la Anses. El FMI, en el afán de cubrir la asistencia del Estado nacional a la Anses, pretende que lo haga vendiendo activos, lo que es muy delicado porque si seguimos vendiendo activos y no corregimos los problemas en el futuro tendremos un problema mayor”, resaltó.
Hay 630 jubilados provinciales que cobran más de 98 mil pesos
Ante el déficit previsional, el ministro Cristian Ocampo planteó con crudeza la realidad del sistema. “Se han liberado límites que existían antes, de 12 salarios mínimos de la administración pública. Si se aplicara ese tope, la cifra debería estar en 98 mil pesos (como máximo por jubilado), pero el Chaco tiene hoy sa-larios muy por encima, tanto en el sector activo como en los pasivos”, comentó y agregó: “Nos resulta un poco contradictorio cuando planteamos la cobertura de nuestro déficit previsional cuando tenemos niveles que no podemos pagar”.
Como ejemplo, mencionó que en la provincia existen jubilaciones de hasta 240 mil pesos mensuales. “En el Estado nacional ese número no se encontraría en ningún estamento”, afirmó. “Tenemos 630 casos entre activos y pasivos por encima del tope, que suman en total 160 millones de pesos para esas remuneraciones”, puntualizó.
A la vez, recordó que la provincia sigue gestionando con Anses la asistencia para cubrir el déficit previsional como provincia que no transfirió su caja a la Nación, tal como fue previsto en el Pacto Fiscal.
Deuda con Cammesa: el Chaco aguarda propuesta de Hacienda
La semana pasada, el ministro Cristian Ocampo se reunió con el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, con quien gestiona un plan especial de pagos con Cammesa, para cubrir los 2000 millones de pesos que Secheep adeuda. “Le plantee la necesidad de encontrar mecanismos más flexibles para atender la deuda, en razón de que la oferta que hace la compañía es de muy corto plazo y no estamos en condiciones de poder afrontarla”, reveló.
Recordó que la provincia obtuvo un esquema de facilidades de pago para la deuda hasta 2015, mientras que debe resolverse el pago de la deuda de 2016 a 2018. “Los incrementos de costos son extremadamente onerosos para la empresa y no los pudimos trasladar al consumidor”, expuso, y recordó el atraso en la facturación.
“El secretario de Hacienda está trabajando en un esquema de pago a mayor plazo para afrontar en conjunto con el Chaco y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial”, explicó, y dijo que un futuro convenio implicaría para el Chaco una aprobación legislativa.
Uno de los planteos que recordó Ocampo, llevado a oídos de las autoridades nacionales, es que las distribuidoras de energía de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Edenor y Edesur, son las principales deficitarias y subsidia-das del país. “Fondos que la Nación puede ahorrar son los que corresponden a estas dos compañías, que están siendo soportadas por el Estado nacional”, resaltó.
