Sáenz Peña. Hace algunas semanas abogados saenzpeñenses habían acusando al Fiscal ante el Consejo de la Magistratura y pidieron su Jury. Ahora el fiscal provisorio, acusado, abrió una investigación de oficio a los denunciantes, lo que derivó en una nueva denuncia.
Lo que se conoce, y aparentemente es así por supuestas declaraciones publicas en medios radiales hechas por el fiscal, es que luego de la acusación ante el Jury Collado inició de oficio una serie de actuaciones e investigaciones impulsadas que alcanzarían decenas de causas vinculadas a la actividad profesional de los abogados.
Esto los denunciantes interpretan como un intento de utilizar el aparato coercitivo del Estado como herramienta de represalia personal y de presión para condicionar el avance de las denuncias en su contra. Sin embargo hay otro sector de la abogacía, alineado con la conducción actual del Colegio de Abogados (afín al radicalismo) que hace declaraciones que esas investigaciones de oficio de Collado tienen que ver con la búsqueda de preferencia del grupo denunciante (afín al Peronismo y opositor al actual Colegio) para litigar siempre en el mismo Juzgado buscando así justificar las acciones del fiscal provisorio que tiene un alineamiento a la UCR que jamás oculta.
Gravedad de la denuncia
De por sí la denuncia penal es grave y sacude al ámbito judicial de Sáenz Peña, una vez más. Los abogados Oscar Exequiel Olivieri y Roberto C. Pugacz presentaron una acusación formal contra el fiscal de Investigación Penal Provisorio N.º 1, César Luis Collado, a quien señalan por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un contexto que califican como una persecución judicial contra quienes denunciaron su desempeño.
La presentación sostiene que el accionar del fiscal no responde a criterios de legalidad ni a la defensa del interés público, sino que tendría como objetivo disciplinar o amedrentar a los profesionales que impulsaron un pedido de juicio político en su contra ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.
Según los denunciantes, tras esa presentación institucional comenzó una serie de actuaciones e investigaciones impulsadas por el propio fiscal Collado, que alcanzarían decenas de causas vinculadas a la actividad profesional de los abogados, lo que interpretan como un intento de utilizar el aparato coercitivo del Estado como herramienta de represalia personal y de presión para condicionar el avance de las denuncias en su contra.
Enemistad pública
Los abogados sostienen además que existe una enemistad manifiesta y pública con el fiscal denunciado, situación que —según remarcan— debería haber obligado a su inmediata inhibición en cualquier investigación que los involucre, tal como prevé la normativa procesal. Sin embargo, afirman que lejos de apartarse, el funcionario habría profundizado las actuaciones, lo que interpretan como un claro desvío de poder y utilización indebida de la función pública.
Solicitaron que la Justicia disponga el inicio de una investigación penal y el trámite de levantamiento de inmunidades (desafuero) del fiscal ante el Consejo de la Magistratura, a fin de determinar si existió un uso abusivo de las facultades del Ministerio Público.
Asimismo, pidieron ser admitidos como querellantes particulares en la causa y que se realicen distintas medidas de prueba para esclarecer los hechos.
¿Qué irá a hacer el Procurador Canteros, que en definitiva es jefe de todos los fiscales, y ahora debe instruir la investigación interjurisdiccional para buscar evitar una nueva afectación a la credibilidad del sistema?
