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Piden detención del exjefe de Departamento de Rezagos y del exjefe del Departamento de Registración Patrimonial

Resistencia. El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó las detenciones y que se indague a dieciséis personas más que habrían sido parte de la maniobra delictiva.

Por la causa federal que se originó a partir de la denuncia del Registro Propiedad del Automotor de Resistencia a cargo de Víctor Veleff, donde se detectaron la transferencia ilícita de más de 250 vehículos del estado provincial entre 2016 y 2021, el fiscal Sabadini formuló ayer la ampliación de requerimiento y pide las detenciones de Ricardo Andrés Romero, exjefe de Departamento de Rezagos del Gobierno de la provincia del Chaco y a Juan José Rojas, exjefe de Registraciones del Departamento de Registración Patrimonial.

UNALARGA LISTA DE IMPUTADOS

Además el fiscal federal pide al juez la citación para ser indagados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública a las siguientes personas: Santiago Daniel Dellacasa, Héctor Jorge Dellacasa, Lidia del Carmen Costas, Silvia Mariel Sánchez, Daniel A. Rojas, Marcos T. Vargas, Aldana Gregoret, Yolanda Estela Wicle, Mario Orlando Bistman, Ledesma Carlos Alberto, Patricia B. Fioravanti, Griselda Ayala, Aníbal Rubén Santambrogio; Mabel Olinda Cortés, Juan Esteban Barbetti Méndez y Jorge David Martínez.

Para el fiscal Sabadini Rojas y Romero formaron parte de la organización que orientada desde fecha aún no determinada pero con seguridad al menos desde el año 2016 hasta el año 2021, a lograr en un número indeterminado de casos la transferencia de automotores y motovehículos que integran el patrimonio del Estado Provincial a nombre de la sociedad «Solint S.A.S» o a los llamados «prestanombres» que luego transfieren los vehículos a dicha empresa o a los señores Dellacasa valiéndose para ello de documentación apócrifa presentada a esos fines ante el Registro de la Propiedad Automotor.

LA MANIOBRA

Según el represente del Ministerio Público «la maniobra delictiva ha sido llevada a cabo mediante la falsificación de instrumentos públicos, específicamente, anexos de decretos que autorizan las subastas de vehículos propiedad del Estado Provincial y las respectivas actas de subasta por cada lote rematado, además, Formularios 08, Formularios 02, Formularios 12, actas notariales; documentación que es presentada por los mandatarios mencionados a esos fines ante las autoridades del Registro de la Propiedad Automotor, en muchos casos logrando la transferencia de los mencionados vehículos, afectando de esta manera el erario público provincial mediante el desapoderamiento ilegítimo de bienes propiedad del estado y fundamentalmente, en lo que aquí interesa, el normal funcionamiento del Registro de la Propiedad Automotor».

«Los requeridos constituyeron el eslabón inicial de la cadena por la que se constituyó maniobra ilícita pergeñada. Ricardo Romero era el encargado de recepcionar los bienes destinados a rezago y en este sentido, por un lado posibilitaba la salida física de los vehículos transferidos ilegalmente – o que irían a transferirse ilegalmente – de los respectivos galpones donde se encontraban alojados los mismos y por otro, teniendo acceso a la base de datos donde figuran dichos vehículos pertenecientes al erario público provincial, junto a Juan José Rojas, quien conocía a la perfección el procedimiento de pase de bienes a rezago, alteraban la situación de los vehículos afectados, dando la baja no autorizada de los mismos en el sistema, a fin de posibilitar y facilitar la puesta en circulación de vehículos que deberían estar a resguardo del Departamento de Rezago del Gobierno de la Provincia del Chaco, es decir de los vehículos que se transfirieron o intentaron transferir ilegalmente».

Así, prosigue Sabadini «contribuyeron de manera esencial al desapoderamiento ilegítimo de bienes propiedad del estado provincial y en consecuencia a la afectación al patrimonio público provincial, como así, al normal funcionamiento del Registro de la Propiedad Automotor».

FIGURAS PENALES
Ricardo Romero y Juan Rojas están acusados de «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública».