Resistencia. El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este martes un escrito a la Jueza Federal, Zunilda Niremperger. Solicita también investigar al perito contador de la Policía Federal, César Azpiroz, por falso testimonio.
La causa que tiene como principales imputados a la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, sufrió un giro inesperado cuando el 6 de febrero se difundió una pericia contable que, de ser correcta, haría peligrar la causa.
Se trata de un informe contable realizado por el contador auditor, Gerardo César Azpiroz, de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, el cual determinó que, teniendo en cuenta las pruebas que se tiene hasta el momento, no se detectó “prima facie” ningún elemento para establecer que los imputados lavaron dinero.
Tampoco se constató (siempre de acuerdo al perito) la existencia de facturas apócrifas, ni movimientos bancarios irregulares en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia ni en la Federación de Trabajadores Municipales. Además, sostuvo que “prima facie” tampoco habría enriquecimiento ilícito en ninguno de los imputados.
Sin embargo, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, no piensa lo mismo y ratificó su postura de que el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito existió y que los actuales procesados fueron sus autores.
Por eso, este martes presentó un escrito dirigido a la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, donde pidió la nulidad de la pericia y que se investigue a Azpiroz por el presunto delito de falso testimonio y por revelar datos sensibles de la investigación.
El fiscal consideró que Azpiróz hizo una pericia parcial al no responder a los pedidos que le hizo tanto el Juzgado como la Fiscalía. Además, señaló que tampoco analizó toda las pruebas incluidas en el expediente ni solicitó más pruebas al Juzgado, si es que en ese momento no contaba con todas las necesarias para emitir un dictamen.
Sabadini sostuvo además que el perito habría filtrado datos de la pericia a la diputada Aída Ayala, incluso antes de que el infome fuera incorporado a la causa o que la propia Jueza Niremperger tuviera acceso al mismo. Esta acción, de haberse cometido, está penada por el artículo 157 del Código Penal con condenas que van de un mes a dos años de prisión.
“Falencias”
En su escrito Sabadini indicó que la pericia de Azpiróz “adolece de serias falencias, que ineludiblemente ocasionan su nulidad, al encontrarse desprovisto de datos y elementos que permitan a cada uno de los sujetos de la relación procesal efectuar un análisis jurídico, fáctico y valorativo, como debe hacerse respecto de cada una de las pruebas incorporadas a la instrucción”.
“De la pericia cuestionada no se observa que los profesionales que la confeccionaron hayan analizado y evaluado cada uno de los elementos consignados (…). En ese sentido y con la salvedad ya efectuada en cuanto a la información extraída de los soportes informáticos, se observa claramente que ninguno de los elementos supra enumerados han sido analizados por el perito, siquiera mencionados”, indicó.
“Tal situación no debe escapar al análisis de ese tribunal, toda vez que, al encontrarse en todo momento a su disposición y sin razón que así lo avale o justifique, el perito se ha apartado de los mismos sin considerarlos, analizarlos, estudiarlos e incluso cuestionarlos, actitud que tiñe de parcial su actuación y por ello el examen pericial resulta nulo”, explicó el fiscal, al tiempo que señaló que si el perito consideraba que no tenía los elementos suficientes para expedirse, tendría que habérselos requeridos al juzgado.
Sabadini advirtió en este sentido que la acción de Azpiroz podría encuadrarse en el delito de contenido en el art. 275 del Código Penal Argentino (falso testimonio de un perito). Asimismo, indicó que también podría ser pasible del delito de revelación de secretos de causas judiciales previsto y reprimido en el art. 157 CP.
En este sentido, indicó que en la publicación del portal Diario 21, fechada el 8 de octubre de 2018, la diputada nacional y procesada en esta causa, Aída Ayala, hizo mención a que el informe pericial podría beneficiarla.
“Se verifica una seria sospecha que la imputada Aida Ayala, pudo tener acceso al informe pericial y a sus conclusiones, antes de que este se incorpore al expediente y a conocimiento de la juez”, sostuvo el fiscal.
