Resistencia. El equipo fiscal finalmente realizó el requerimiento para que la causa sea elevada a juicio.
El caso investiga los delitos precedentes a lavado de dinero y están involucrados varios ex funcionarios; los más resonantes son Horacio Rey, ex secretario general de Gobierno y Coordinación, y Roberto Lugo, ex subsecretario de Comercio.
El diario chaqueño DiarioChaco confirmó que ayer viernes mediodía se firmó el requerimiento para que la causa sea elevada a juicio.
Cabe destacar que la matriz investigada era la utilización de empresas fantasmas para el cobro del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO).
Este medio confirmó que según la pericia que mandó a hacer el equipo de fiscales, hasta el momento hay un perjuicio para el estado de unos 59 millones de pesos. De todas maneras, según fuentes judiciales, uno de los puntos del requerimiento es seguir investigando a imputados que no se presentaron ante los fiscales, la mayoría de firmas ubicadas en Buenos Aires, y de ahí se podría elevar la defraudación al erario.
También se confirmaron embargos por 70 millones de pesos.
Hasta el momento, la justicia tiene 25 imputados y seis detenidos, que son Horacio Rey (ex secretario de Gobierno y Coordinación), Roberto Lugo (ex subsecretario de Comercio), Paulo Buttice (ex subsecretario de Información Pública), Gustavo Katavich (ex miembro de Fiduciaria del Norte), Miguel Vilte (ex funcionario de la Municipalidad de Resistencia) y Carlos Rubén Osuna (presunto cobrador de pauta de empresas fantasmas).
“La prueba es contundente. Más de 500 medidas probatorias nos dicen que el hecho sucedió, cómo sucedió y que estas personas intervinieron en una asociación ilícita para cometer delitos, o sea que se pusieron de acuerdo de antemano para comenter distintos delitos contra la administración pública aprovechando que el jefe y los principales actores eran funcionario”, señaló Lucio Otero a Diario Chaco.
Las imputaciones que les cabe a los involucrados son: Asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
