Buenos Aires. Apuntan a una rápida reactivación económica y a generar empleo después del parate obligado por la cuarentena, pero también incluirá aspectos institucionales como el envío al Congreso de la anunciada reforma judicial.
Entre las medidas económicas – que en Gobierno confirman aunque sostienen que están en diferentes niveles de desarrollo -, contemplan un blanqueo de capitales, la vuelta del plan Ahora 18, un proyecto para impulsar las economías regionales y una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones.
Un plan que reactive la actividad en la post pandemia se convirtió desde hace unos días en la obsesión del presidente Alberto Fernández. Además de conversarlo permanentemente con sus ministros, también lo charló el miércoles en la videoconferencia que mantuvo con los gobernadores y el jueves en el acto por el Día de la Independencia con los miembros del G-6, donde están agrupadas las cámaras que representan a las actividades productivas.
Hay muchas empresas que cayeron debido a la pandemia, por eso también está en carpeta la posibilidad de reformular la ley de concurso de acreedores, de manera que muchas de estas firmas puedan volver a funcionar rápidamente.
Un tema más controvertido será el lanzamiento de un nuevo blanqueo de capitales. Según el sitio web El Destape, de forma complementaria a la moratoria impositiva presentada días atrás, la idea es propiciar el ingreso de capitales que se encuentran en el exterior pero con un destino de inversión productiva concreta. Por ejemplo, en la construcción. En la emergencia, lo ven como una manera veloz de generar actividad y empleo.
En cuanto al estímulo al consumo, se evalúa reflotar el plan Ahora 18, para hacer compras en 18 cuotas, principalmente de electrodomésticos, aunque no de forma excluyente. Una variante agresiva del plan en estudio es la posibilidad de que incluya una gracia de tres meses antes del pago de la primera cuota e, incluso, la devolución total o parcial del IVA.
Alberto Fernández estaría resuelto a no otorgar más aumentos a las jubilaciones por decreto y enviará al Congreso el proyecto para la nueva fórmula de cálculo de las actualizaciones. La nueva fórmula sería parecida, aunque no igual, a la utilizada durante la gestión de Cristina Kirchner, que tomaba para el cálculo el aumento de los salarios junto con los ingresos de la Anses.
Reforma judicial
Por fuera de la cuestión económica queda la reforma judicial, ya anunciada en varias oportunidades pero cuyo contenido todavía no se conoce. Según reveló el lunes pasado Mario Wainfeld en este diario, el propio Fernández se encuentra dándole los últimos retoques al proyecto que sería menos ambicioso de lo planteado originalmente, pero conservando su núcleo de reformas básicas. Principalmente, la reformulación de la justicia federal, el mayor foco de cuestionamientos.
El proyecto incluirá la creación de un consejo de juristas notables – se llamaría Consejo para el Afianzamiento de la Justicia o de Mejoramiento de la Calidad Institucional, son las dos denominaciones que circulan – convocados a debatir cuestiones claves. Todavía no se conoce el nombre de los posibles miembros pero se menciona como seguro al ex camarista federal León Arslanian.
El Consejo tendrá 60 días para elaborar su propuesta sobre cuatro cuestiones fundamentales: la Corte Suprema, el recurso extraordinario, el juicio por jurados y el Ministerio Público.
De todos ellos, seguramente el que generará mayor repercusión será el de la Corte, dado que estará en discusión la cantidad de integrantes y sus atribuciones. Varios especialistas opinan que sería conveniente ampliar el número de miembros. Incluso está el caso de Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte y actual de la Corte Interamericana, quien desde hace tiempo plantea incorporar a varios miembros más y dividirlos por salas, según la especialidad. La postura del Presidente, según suele deslizar en sus charlas, es que una Corte de cinco miembros está bien.
En cuanto a sus funciones, una de las cuestiones que el Consejo deberá debatir será el recurso de “per saltum”, por el cual se requiere que un expediente evite las instancias previas y sea tomado directamente por el máximo tribunal, lo que dio lugar para muchas objeciones, por lo que urge legislarlo claramente. Algo parecido ocurre con el recurso extraordinario, que habilita a recurrir ante la Corte como última instancia en determinados casos.
En el Gobierno nacional adelantan que la eventual reforma no incluirá la posibilidad de remoción de ninguno de los actuales integrantes de la Corte Suprema. Una vez que el consejo de juristas elabore su propuesta, el Gobierno las incorporará a un proyecto que enviará al Congreso para que se debata.
