Resistencia. El pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, relacionado al delito de defraudación al erario Público Nacional, coincide con la exposición nacional del caso Pascua, que medios nacionales titularon «Liliana Pascua, una intendente «rica» en el lugar más pobre».
Este viernes, el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, pidió que se eleve a juicio penal la causa que tiene como protagonista a la intendenta de Enrique Urien, Liliana del Carmen Pascua, acusada de irregularidades en la ejecución y adjudicación de viviendas destinadas a pueblos originarios.
La denuncia a cargo del diputado radical Alejandro Aradas dejó al descubierto que seis de las viviendas que estaban destinadas a familias muy humildes de pueblos originarios, terminaron siendo ocupadas por la propia intendenta Liliana Pascua y sus familiares, entre los que se encuentra su madre, su cuñado, un tío quien es subsecretario de gobierno, entre otros dos allegados.
En la ampliación de la denuncia del diputado, también se hizo referencia a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras que estaban contempladas en el marco del “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Habitat de Pueblos Originarios y Rurarles”.
El legislador dialogó con Bruno Emanuel Ayala, uno de los presuntos damnificados por las irregularidades en la facturación, quien denuncia que la Comuna de Enrique Urien le “armó” un facturero, a través del cual se facturaron obras de las que nunca participó, ni recibió pago alguno.
Según explicó el diputado Aradas, de acuerdo a dichas boletas, Ayala facturó 457 mil pesos al municipio de Enrique Urien, que el joven negó rotundamente.
