Resistencia. El lunes venidero debía realizarse la primera de las tres audiencias confirmadas por la jueza. Sin embargo, surgió un pedido de suspensión.
Pasado el receso de invierno en la Justicia del Chaco, las maratónicas audiencias preparatorias del juicio por jurados contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se reanudan con un nuevo traspié.
La primera jornada prevista para el 11 de agosto fue suspendida a pedido de la defensora oficial María Celeste Ojeda, quien representa a Marcela Acuña -madre del presunto asesino y acusada como partícipe necesaria- y a Griselda Reinoso, casera de la chanchería vinculada al caso.
La suspensión fue concedida por la jueza Dolly Fernández, quien ordenó que se presente la constancia de examen que motivó el pedido.
Por otro lado, Gabriela Tomljenovic, defensora particular de César Sena, heredero del clan y principal acusado del crimen, solicitó suspender las audiencias entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre por motivos personales.
Sin embargo, la jueza rechazó el pedido por no cumplir con los requisitos de urgencia ni especificar las razones del mismo.
En su resolución del 6 de agosto, la jueza Fernández argumentó que las audiencias preliminares del juicio por jurados deben regirse por las reglas del debate, según lo establecido en los artículos 23 de la Ley 2364-B y 382 del Código Procesal Penal.
Estas normas exigen continuidad en las audiencias, que no pueden suspenderse por más de diez días hábiles. Superar ese plazo implicaría un abandono tácito de la defensa, conforme al artículo 132 del mismo código.
Ante esta situación, la magistrada sugirió a la defensora Tomljenovic que evalúe la designación de una codefensora para garantizar la representación legal del imputado durante el proceso. Fernández remarcó la necesidad de evitar dilaciones innecesarias, dado que hay siete personas detenidas bajo prisión preventiva extraordinaria desde hace más de dos años.
También destacó que el hecho juzgado -la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja- se encuentra comprendido en la ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, así como en tratados internacionales y la Convención de Belém do Pará, que exigen celeridad en el juzgamiento de estos delitos. Las audiencias están fijadas para el 11, 13 y 14 de agosto, aunque la primera quedó suspendida.
