Resistencia. El gobierno chaqueño debería tener un enero tranquilo pero algunos frentes abiertos obligarán a destinar importantes esfuerzos para evitar que se transformen en tormentas de gran magnitud.
Además el vicegobernador Daniel Capitanich estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el 20 de enero por la licencia que se tomará el gobernador Domingo Peppo.
Hasta ahora Capitanich demostró tener buenas aptitudes para el cargo pero no había enfrentado problemas serios que además involucraban directamente a la población chaqueña.
Por eso ahora tendrá una prueba importante más allá de que tiene a mano las soluciones tanto para ayudar los empresarios del transporte público de pasajeros y a los chaqueños del interior provincial, que necesitan tener garantizada la provisión de agua potable en un época crítica.
Transporte de pasajeros
Sobre el transporte público de pasajeros el gobierno debe intervenir el lunes para ayudar a las empresas que necesitan adelantar los recursos que manda la Nación.
Más concretamente entregarán los fondos y con esa plata podrán hacer frente al pago de los salarios, que este mes se demoró y el atraso generó un paro en este servicio que afectó a miles de usuarios. El vicegobernador es consciente de que la ayuda a los transportistas es un parche que durará poco tiempo porque los choferes no dudarán en parar si no reciben en tiempo y forma sus salarios el próximo mes. También será la respuesta en caso de que no se paguen los extras.
La solución definitiva hoy pasaría por un incremento de tarifas pero hasta marzo sería imposible concretar porque recién ese mes se avanzaría con una audiencia pública necesaria para la actualización. Y mientras tanto, las empresas deben hacer frente a los nuevos valores del combustible o incremento de los precios de los repuestos sin una compensación por parte del gobierno nacional.
Subsidios nacionales
Recientemente una consultora detalló que a noviembre del 2017 los subsidios al transporte que financia la Nación ascendieron a $70.000 millones de los cuales unos $37.000 millones de pesos fueron a pasajes de colectivos fundamentalmente de la región metropolitana. Otros $29.000 millones fueron a trenes de la región metropolitana. “Esto significa que el 95% de los subsidios nacionales van a la región metropolitana.
Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados”, destacó Idesa.
“La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 1996. Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos subnacionales, debería CABA en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana. Sólo a modo de ejemplo, CABA y la Provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el Metro de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos. Esto es lo que evita que el presidente de Estados Unidos tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington”, explicó.
«Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de intendente”, comentó.
“El Consenso Fiscal corrigió la discriminación que sufría la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la no actualización del tope en el Fondo del Conurbano”, destacó. “Pero para que esto no derive en una injusticia contra el resto del país es fundamental que la Provincia de Buenos Aires y CABA se hagan cargo de los servicios públicos del área metropolitana”, afirmaron.
“Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales y no el gobierno nacional”, detallaron.
Capitanich deberá obrar en ese sentido, es decir compensar con recursos provinciales, que no sobran, a las empresas que hoy están trabajando con tarifas que quedaron atrasadas. Y para ello tendrá que reunirse primero con los funcionarios del área para ir analizando de qué manera auxiliarán.
