Resistencia. Desde el gremio que conduce José Niz solicitaron que se abra el diálogo con Gobierno para recomponer salarios, para el primer trimestre de este año.
El secretario General de UPCP, José Niz, afirmó que la necesidad de los trabajadores es la que marca la agenda de política salarial y la urgencia en el inicio de los diálogos con el Gobierno, para oxigenar al sector.
“Las últimas lecturas efectuadas por el INDEC, ponen de relieve que el salario hoy no cubre las mínimas necesidades de los trabajadores activos, pasivos y retirados encuadrados en el Escalafón General, y menos aún al elevado número de trabajadores precarizados con programas generados por esta gestión de Gobierno, contratados de locación de servicios, jornalizados que, aunque están incorporados legalmente al Estatuto de la Administración Pública Provincial, tienen sueldos de indigencia y son sometidos a renovaciones de contratos, cuyos instrumentos legales no se suscriben en tiempo y forma, y los someten a trabajar sin cobrar a veces por períodos que superan los tres meses”, puntualizó el dirigente.
“Se suma a este desesperante diagnóstico, que el Ejecutivo no cumplió con el pago de las bonificaciones adeudadas, tanto las que corresponden por prestación de servicio en jornadas mayores a la legal, como la bonificación por antigüedad y título. Esto suma a la elevada deuda con el sector, por falta de pago de las bonificaciones por zona desfavorable, insalubridad y/o riesgo de salud y/o de vida, y bonificaciones especiales que son específicas para cada jurisdicción”, remarcó José Niz.
ÍNDICES DE LA CANASTA FAMILIAR
“Las variables detalladas, sumadas a los últimos informes del INDEC que establecen los parámetros para encuadrar a los trabajadores como indigentes o debajo de la línea de pobreza hablan por sí mismos”, relató.
“La Canasta Básica total para no estar en los niveles de pobreza demanda ingresos de bolsillo de 76.146,13 pesos y la canasta básica alimentaria para no ser indigente requiere que cada trabajador cobre de bolsillo 32.963,69 pesos”, aseveró el sindicalista.
“Lo más importante de estos indicadores, es que no incluyen los gastos de vivienda e impuestos que hoy, producto de la inflación, han sido incrementados con un monto que ronda el 40%. Los alquileres hoy representan por lo menos el 30% del salario del trabajadores, considerando que aproximadamente el 60% carece de una vivienda propia. Estos rubros, no incluidos en el estudio del Indec, demuestran fehacientemente que una familia con dos hijos demanda para vivir más de 130.000 pesos de bolsillo”, detalló.
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJADOR PÚBLICO
Obviamente, señaló el dirigente, que sueldos de más de 100.000 pesos, no los tiene el 90% de la administración pública, incluido sectores que prestan servicios, en los que si bien se implementaron correctivos, los salarios no superan los elevados índices inflacionarios.
“No se debe soslayar el alto nivel de endeudamiento de los trabajadores motivado por los bajos salarios que perciben, en los que cualquier gasto extraordinario desequilibra las castigadas finanzas familiares. Las consultoras ya adelantan que este año la inflación rondará el 54,8%. Por ende, urge tratar una política salarial adecuada”, pidió.
URGENTE CONVOCATORIA DEL GOBERNADOR
Según explicó Niz, el gobernador debe convocar de modo inmediato a la mesa de política salarial, “como un gesto de consideración a los trabajadores que, aún a riesgo de su propia vida, han cumplido sus funciones para garantizar la continuidad de los servicios”.
“También es indispensable evaluar nuevos procedimientos que habiliten el pago automático de las bonificaciones, y no someterlos a trámites burocráticos que, además de destruir el poder adquisitivo del salario, producto del retraso en el pago, sobrecargan al sistema con trámites de presentación innecesarios, porque con sólo mirar el legajo del trabajador se cuenta con título y cada año se debería actualizar el pago de antigüedad, como también otras bonificaciones”, solicitó.
