Resistencia. La Cámara Federal de Resistencia ratificó las resoluciones de la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger que había desestimado las excarcelaciones. Todos seguirán con prisiones preventivas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió no hacer lugar a los recursos de apelación de las defensas del exintendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner; del ex secretario de Gobierno de ese Municipio, José Hipperdinger, de la ex presidenta del Concejo Municipal y pareja de Hipperdinger, Rosana Giménez, y tres hijos de estos últimos y así dejó firme las prisiones preventivas dictadas por la jueza federal de primera instancia de la capital chaqueña, Zunilda Niremperger. No obstante, en un tramo de su resolución los camaristas instaron “a la mayor celeridad en la investigación y el trámite de instrucción” debido a la emergencia en la que se encuentra el Servicio Penitenciario Federal y las consecuencias que eso provoca en aquellos que cumplen medidas preventivas de restricción de libertad.
La resolución fue dictada este martes 30 de abril y lleva la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Rocío Alcalá y Patricia García, quién reemplazó a la inhibida jueza María Delfina Denogens (madre de uno de los abogados defensores de Heffner).
El ex intendente de Bermejito, Lorenzo Heffner, quién se encuentra alojado actualmente en la U7 de Resistencia, está procesado por los delitos “lavado de activos” agravado por habitualidad por ser miembro de una banda y funcionario público, “asociación ilícita”, como jefe u organizador, y como coautor de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “enriquecimiento ilícito”, “fraude en perjuicio de la administración pública”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “malversación de caudales públicos”.
Es por la causa conocida como “Lavado III” en la que también se encuentran detenidos el exsecretario de Gobierno del Municipio de Villa Río Bermejito, José Hipperdinger; la expresidenta del Concejo y esposa de Hipperdinger, Rosana Giménez, y tres hijos de la pareja: Héctor Adrián, Silvia Natalia -quién se desempeñó como secretaria del Concejo Municipal entre 2015 y 2018- y Adriana Alejandra Hipperdinger, estas dos últimas accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria.
Heffner podría obstaculizar la investigación
En el caso puntual de Heffner, los camaristas advirtieron que si bien la decisión de la jueza de primera instancia se basó en la hipotética pena que podría corresponderle, también ponderó que el ex intendente integra una supuesta organización “con distribución de roles y funciones a efectos de efectivizar un circuito de retorno de fondos obtenidos de manera ilícita del erario nacional” y que, además, “existe aún posibilidad concreta de que obstaculice los resultados de las pruebas” que se encuentran pendientes de ser producidas. Asimismo, consideraron que también se da en el caso de Heffner la posibilidad de fuga por contar con “medios económicos suficientes”. Similares fundamentos fueron aplicados al resto de los imputados en la causa, fundamentalmente por formar parte de una supuesta organización delictiva con el objetivo de incorporar al circuito legal fondos federales que debían destinarse a la construcción de viviendas para comunidades indígenas en la localidad de Villa Río Bermejito.
“Matriz de corrupción”
Según los camaristas, “los hechos objeto de pesquisa en esta causa constituyen un esquema complicado y que el campo de sofisticación de esta clase de delitos conlleva la necesidad de un “plus” tanto en la metodología de investigación como en la consideración de las probanzas recabadas, lo que debe realizarse de manera integral y contextualizada, con recursos que estén a la altura del crimen organizado cuya matriz de corrupción organizacional responde a estructuras delictivas complejas, más aún cuando como en el caso se encuentran involucrados funcionarios públicos enquistados en el poder, lo que tiende a garantizar su impunidad”.
Asimismo, los jueces de la Cámara Federal advierten que “no dejamos de observar en los hechos investigados una plataforma de corrupción sistemática la que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado, y es precisamente la trascendencia de los sucesos en análisis, los que afectan a la sociedad toda, la que exige el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados, ya que la corrupción es una de las caras de un fenómeno criminal complejo y abarcativo que afecta gravemente a los Estados democráticos en los últimos años, tan es así que el tema goza de consagración legal y supra constitucional al haber sido incorporada a nuestro ordenamiento la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York,
Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003 mediante ley 26.097”.