Buenos Aires. El Senado sancionó por unanimidad una ley que establece que el cómputo del 2×1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, tras la polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La ley obtuvo 56 votos a favor, la cantidad exacta de senadores que logró llegar a Buenos Aires a tiempo para participar de la sesión que fue convocada de apuro el último martes, mientras la Cámara de Diputados todavía se encontraba debatiendo el proyecto.
Ese apuro se reflejó también al inicio de la sesión, cuando se planteó el objetivo de votar a las 15:00, de manera que la ley estuviera aprobada antes de que los organismos de derechos humanos marcharan hacia la Plaza de Mayo en contra del fallo de la Corte.
La celeridad del Congreso para sancionar la nueva norma (en 24 horas) se debió a la conmoción que generó el fallo y la ola de críticas que recibieron los jueces del máximo tribunal durante toda la semana por parte de todos los sectores políticos, incluido el oficialismo, que se despegó de la sentencia que en un primer momento había sido avalada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
En ese contexto, en el Congreso primó la necesidad de sancionar una ley aclaratoria de la 24.390, conocida como «ley del 2×1», que pese a estar derogada desde 2001 fue usada por los jueces supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton para fundamentar su fallo.
La nueva legislación aprobada este miércoles establece que ese cómputo «no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
Además, consigna que para el resto de los delitos, el beneficio sólo puede aplicarse a «aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley», es decir, entre 1994 y 2001.
El debate de los senadores reflejó las coincidencias respecto de la política de derechos humanos pero también las diferencias políticas y las suspicacias en torno al fallo emitido la semana pasada por el máximo tribunal.
En este sentido, los senadores radicales de Cambiemos reivindicaron el rol de la UCR, con el expresidente Raúl Alfonsín a la cabeza, en los juicios a las Juntas Militares y ratificaron su adhesión a la política de derechos humanos que se fue consolidando «con avances y retrocesos» desde en 1983 hasta la actualidad.
Los legisladores del PRO en el interbloque oficialista, en tanto, se concentraron en rechazar de plano cualquier suspicacia respecto de una supuesta injerencia del Gobierno de Mauricio Macri en el fallo de la Corte y pidieron «no poner en otro poder del Estado responsabilidades que no tiene».
En cambio, el ala kirchnerista del PJ-FPV vinculó directamente a la Casa Rosada con la sentencia del máximo tribunal al recordar «expresiones de funcionarios» que «pusieron en duda el número de desaparecidos» y que «hablaron de curro de los derechos humanos», al tiempo que hablaron de una «nueva mayoría automática» en la Corte, en alusión a lo ocurrido durante el gobierno menemista.
Otro enfoque sobre el tema tuvieron el peronista federal Adolfo Rodríguez Saá y el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, quienes retomaron la idea de «rearmar» la Corte Suprema y ampliar la cantidad de miembros, al mismo tiempo que cuestionaron a Highton de Nolasco por permanecer en su puesto más allá de los 75 años, edad límite establecida por la Constitución.
