Sáenz Peña. Es por la causa de estafa de viviendas judiciales donde Ramos y Aranda están procesados. La causa tuvo su origen a raíz de múltiples denuncias en el año 2015.
Cerca de cien las familias fueron blanco de las estafas perpetradas por el Sindicato que conduce Graciela Aranda y que en Sáenz Peña tiene como representante a Miguel Ramos. La gente con el sueño de la casa propia compró terrenos de buena fue a fines del año 2014 con la promesa de edificaciones a futuro en lo que sería «el nuevo barrio judicial» en la ciudad Termal.
En el año 2015 después de una larga espera de meses de que los trabajos en el predio comenzaran, los damnificados denunciaron el hecho como presunta estafa ante la Fiscalía de Investigaciones de Sáenz Peña. La instancia Penal Preparatoria la lleva adelante la Dra Liliana Lupi (Fiscal de Investigaciones N°3).
Se cumplen cinco años de las denuncias que dieron origen a la investigación que tiene como imputados a Miguel Ramos referente del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco en Sáenz Peña y Graciela Aranda del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, entre otros. En ese marco, la Fiscal de Investigaciones, la Dra Liliana Lupi llamó a los imputados a prestar declaración, pero éstos se abstuvieron.
La Dra. Liliana Lupi impuso cauciones en los imputados y en el caso de Miguel Ramos la suma asciende a $12.000.000 pesos, y habría otro procesado que fue embargado por $ 8.000.000. Se aguarda que en los primeros días de marzo Graciela Aranda se presente ante la Fiscalía para declarar como imputada.
Cabe recordar que el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) bajo la titularidad de Graciela Aranda – Secretaria General del sindicato y de la CGT Chaco – ofrecía un plan de viviendas en la ciudad de Sáenz Peña. Se “vendía” un terreno y la edificación de una vivienda. Los costos variaban conforme a las dimensiones del predio.
El «barrio judicial» está ubicado al Norte de la ciudad Termal sobre calle 12 en cercanías al Cementerio “Juan XXIII.” La compra de esas parcelas la realizó el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco pero luego fueron vendidas a la Fundación “Movimiento Obreros Solidario” que tiene dirección fijada en el domicilio particular de Graciela Aranda, Secretaria General del SEJCh.
El predio donde se edificarían viviendas judiciales para conformar el “segundo barrio judicial” sigue siendo un terreno baldío. El pago del dinero por aquellos cien proyectos habitacionales hoy significan un total de 100 millones de pesos.
El Sindicato y Aranda recaudó el dinero, pero jamás ejecutaron las obras, y ni siquiera hicieron las escrituras a nombre de quienes pagaron por los terrenos.
