El goberndor del Chaco, Jorge Capitanich, analiza el impacto de la pandemia en la comunidad y las medidas a adoptar en el marco de la crisis general.
Comineza su análisis marcando el contexto provincial y como afrontar la COVID-19.
«Nuestra provincia afronta una pandemia que se extiende a todos los países del mundo con el rigor de contagios masivos y muertes por doquier, sin haber alcanzado en pleno siglo XXI con el avance científico-tecnológico ni remedios para curarla ni vacuna para combatirla.
La COVID-19 solamente es posible afrontarla mediante cinco acciones esenciales: aislamiento preventivo, social y obligatorio; distanciamiento social; licenciamiento obligatorio para personas que constituyen factores de riesgo; incremento en el número de test con procesamiento descentralizado; y, cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad (equipamiento preventivo) e higiene.
Iniciamos la gestión con un brote de dengue para el cual tenemos identificado el vector, pero no la vacuna para prevenirlo. La combinación de crisis fiscal, financiera, social, económica y sanitaria con una pandemia intratable y con una epidemia lacerante para el estado sanitario de nuestra población, implica aceptar la aplicación de múltiples restricciones e implementar acciones creativas para resolver las demandas existentes.
Conducir una crisis de esta magnitud con insuficiencia de recursos, requiere adoptar decisiones institucionales que minimicen el número de casos afectados, con el objeto de generar las capacidades necesarias para poder superarla.
Deudas y vencimientos
El sector público provincial posee un stock de deuda consolidado equivalente a 48.000 millones de pesos, registrando deuda flotante en proceso de convalidación con cada uno de los acreedores. Esto implica un porcentaje equivalente al 40% del total de presupuesto a ejecutar en el año 2020, y casi el doble del porcentaje que representara en el año 2015.
Del mismo modo, la deuda en porcentaje del Producto Bruto Geográfico (PBG), que era inferior al 8% en el año 2015 y superior al 75% en 2007, se estima en un 20% para este año.
Nuestra provincia afrontará en el período 2020-2023 un flujo de vencimientos por servicios de capital e intereses de la deuda por un monto equivalente a 60.000 millones de pesos. Más de la mitad de esta es en moneda extranjera y cerca de 23.000 millones de pesos es deuda en pesos con el Estado nacional susceptible de renegociación en virtud de dos observaciones: parte de la misma es para afrontar el pago de energía eléctrica con intereses usurarios; y otra parte de esta deuda es con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que -en realidad- es una modalidad de financiamiento que las provincias dieron a la Nación para cancelar una obligación que la misma tenía por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La deuda en moneda extranjera se origina en la emisión de 250 millones de dólares en 2016 con vencimientos sustanciales en el año 2022 (casi 22.000 millones de pesos) y amortización final en el año 2024, también con el BNDS de Brasil por la construcción del “Segundo Acueducto del Interior” y con organismos multilaterales de crédito cuyo flujo de vencimientos es compatible con la capacidad de pago de la provincia.
Para afrontar esto, la provincia del Chaco está construyendo una agenda destinada a reprogramar el flujo de vencimientos de la deuda pública (capital e intereses) compatible con su capacidad de pago, mediante un programa fiscal y financiero creíble y sustentable.
En los próximos cuatro años, y en línea con la estrategia aplicada a nivel nacional, la provincia necesita reprogramar por lo menos 45.000 millones de pesos de deuda, para generar un modelo de asignación de recursos que puedan ser destinados a la inversión en infraestructura social básica, a desarrollar un modelo productivo dinámico para generar bienes y servicios que incrementen el empleo y las exportaciones, y al logro de una mayor autonomía fiscal y financiera.
Proyecciones en la debacle
El primer trimestre del año 2020 tuvimos un superávit fiscal primario de 3.300 millones de pesos y financiero de 1.100 millones de pesos, a pesar de la caida en los ingresos programados por recursos coparticipables y propios de alrededor de 2.500 millones de pesos.
Para el primer cuatrimestre, se estima en 6.300 millones de pesos la pérdida de recursos, 5.000 de los cuales corresponden a recursos de jurisdicción nacional, y lo restante a recursos de recaudación propia.
Las proyecciones de recursos de origen nacional respecto a las transferencias provinciales netas implican una pérdida de 171.000 millones de pesos respecto a los cálculos realizados al inicio de este ejercicio fiscal.
El Estado nacional ha diseñado un modelo de asistencia financiera de 120.000 millones de pesos para afrontar esta debacle económica, sobre la base de la distribución de 66.000 millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en 2 cuotas de 3.000, y tres cuotas iguales y consecutivas de 20.000 millones de pesos para los meses de abril, mayo y junio.
Para nuestra provincia, implican 3.233 millones de pesos que se coparticiparán en forma directa y proporcional a los municipios. El resto de los 60.000 millones de pesos debe asignarse conforme a la capitalización del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) que todavía no ha podido integrarse.
Aun sumando ambas fuentes de recursos, no se compensará la pérdida programada por un monto equivalente a 45.000 millones de pesos que implican casi 2.200 millones de pesos en forma directa para nuestra provincia y sus 69 municipios.
Este análisis básico pretende simplemente determinar que la pérdida neta para nuestra provincia de recursos propios y nacionales en el primer cuatrimestre será equivalente a 5.000 millones de pesos y en el ejercicio fiscal 2020 será equivalente a más de 10.000 millones de pesos, lo cual implica la ejecución de un presupuesto efectivo de 113.000 millones de pesos.
El primer cuatrimestre permite visualizar una ejecución del gasto equivalente a 25%, lo cual implica un ahorro neto de un mes en forma directa, como resultado del plan de ordenamiento fiscal implementado, además de la falta de recursos financieros para afrontar las obligaciones.
Todos los países del mundo han afrontado las consecuencias de esta pandemia con aumentos significativos de recursos del Estado hasta llegar a paquetes fiscales equivalentes a más del 20 % del PIB. Nuestro país lo ha realizado por un porcentaje del 3 % del PIB.
El rol del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2009 con la crisis financiera mundial imprimió 250.000 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) permitiendo la capitalización de las reservas de los Bancos Centrales de sus países miembros (2.000 millones de dólares fueron destinados para el BCRA). Bajo las mismas condiciones, le corresponderían a nuestro país hoy el equivalente a 3.500 millones de dólares. Sin embargo, la directora gerente del FMI ha planteado la necesidad de una asistencia equivalente a un billón de dólares, lo cual implicaría una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares para la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), e inclusive conforme a proyecciones financieras podría alcanzar a 14.000 millones de dólares.
El FMI todavía no ha desembolsado aún el saldo pendiente del préstamo aprobado por 10.000 millones de dólares y las negociaciones actuales no permitieron reprogramar el flujo financiero de vencimientos con la entidad por parte de la República Argentina. Estamos ante un mar de incertidumbres, con resultados razonables por las medidas implementadas, pero con un impacto social y económico indefinido.
Dos circunstancias para administrar la crisis
Nosotros debemos administrar esta crisis en un escenario de alta incertidumbre para lo cual debemos bregar por la resolución de al menos dos circunstancias:
1 – Que nuestro país pueda reprogramar el cronograma de vencimientos de deuda con el FMI y lograr una capitalización de reservas sobre la base de una cooperación internacional definida para recuperar una economía mundial que está destrozada (hipótesis de 20.000 millones de dólares).
2 – Que la renegociación de la deuda argentina equivalente a 68.000 millones de dólares con bonistas privados representativos del 20 % de la deuda total resulte satisfactoria en el mes de mayo a los efectos de garantizar una nueva etapa en el proceso de crecimiento de la economía (ahorro de vencimientos en dólares).
Ante un hipotético escenario adverso, deberemos ejecutar un modelo de administración fiscal restrictiva con la coexistencia de una crisis social severa.
Esta crisis mundial permitió observar la existencia de dos modelos alternativos de países: los países con estabilidad macroeconómica y mercados laborales flexibles; y los países con inestabilidad macroeconómica y mercados laborales más rígidos.
En ambas circunstancias, el ajuste de la tasa de empleo se dio por aumento de la desocupación o por aumento de la informalidad laboral. Finalmente, ambas realidades constituyen el drama de la economía mundial que debemos afrontar.
Un gran pacto para salir
Nuestra provincia hoy posee una estructura laboral con casi 250.000 empleos formales (públicos y privados), más de 500.000 integrantes del sistema de seguridad social (184.445 jubilados nacionales y provinciales), lo cual permite visualizar por la existencia de al menos 2,5 ingresos por hogar en base a la consolidación de IFE y REPRO para esta emergencia social. Hoy más que nunca tenemos que emprender y comprometernos en un gran pacto político, económico y social para salir de esta crisis con una agenda constructiva que permita enfrentar los nuevos desafíos que tenemos.
En el corto plazo administraremos el confinamiento, cuarentena o aislamiento con máxima preservación de las personas que constituyen factores de riesgo para ir construyendo un sendero adecuado y progresivo respecto a recuperación gradual de la actividad económica. Pero es preciso advertir que el único camino para la Argentina y el Chaco es mediante el aumento de la producción, el empleo y las exportaciones a los efectos de garantizar un proyecto sustentable de crecimiento.
Propuestas ratificadas
Propuse al pueblo chaqueño tres reformas: un pacto político, económico y social, diez compromisos, 25 acuerdos sectoriales y 50 leyes. Lo ratifico en esta instancia. Las tres reformas son: constitucional como una señal de contribución que los cambios se inician desde la política; digital para adecuarnos a la estructura del mundo que se viene; y, administrativa para descentralizar la gestión de gobierno con el objeto de lograr un mejor control de la comunidad.
Estas reformas hoy tienen más valor que nunca, pues la pandemia cambia la realidad del mundo y es necesario construir instituciones modernas que se adecuen a la nueva modalidad de comercio y gobierno electrónico. Al mismo tiempo, permitan gobiernos cercanos a la ciudadanía preservando el distanciamiento social.
Un pacto argentino a nivel nacional y un pacto chaqueño a nivel provincial será la garantía para construir una política de estado capaz de trascender años de frustraciones. Toda crisis constituye una oportunidad. Esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Es con todos, es entre todos; pero es también sin egoísmos, sin defensa de intereses meramente corporativos ni sectoriales y sin recetas demagógicas.
De nuevo: es simple. Con más producción, con más empleo de calidad y con más exportaciones. Chaco lo puede hacer porque hoy más que nunca la prioridad es asistir a un mundo que necesita alimentos y que nuestra provincia puede suministrarlos mediante 11 cultivos agrícolas y 5 cadenas cárnicas. Hoy más que nunca la Argentina necesita producir energía de sus propios recursos naturales. Hoy más que nunca debemos producir nuestras prendas de vestir con producción y diseño local. Hoy más que nunca tendremos un turismo de cercanía y naturaleza que podremos desarrollarlos con nuevas iniciativas. Hoy más que nunca podemos explotar la economía del conocimiento con talentos locales. Hoy más que nunca tenemos que generar empleos de calidad, reducir la informalidad laboral y aumentar nuestra inserción internacional.
Un período de gobierno no alcanza, pero sí una política de Estado en donde todos expresemos nuestras coincidencias. No se trata de extinguir derechos, se trata de crear nuevos derechos en un mundo cambiante. De una crisis es posible salir con menos ideología y con más sentido común».
