Buenos Aires. La Anses, el organismo de la seguridad social conducido por la camporista Fernanda Raverta, presentó hoy ante la justicia previsional un escrito pidiendo que se archive el juicio que Cristina Kirchner inició en 2017 en reclamo del pago a la vez de dos prestaciones que son consideradas de privilegio.
La solicitud de la dependencia estatal responde favorablemente al requerimiento hecho el viernes último, a través de sus representantes, por la vicepresidenta, quien, por una resolución que emitió la Anses en marzo de este año, está cobrando desde abril las dos prestaciones cada mes, aun cuando una sentencia favorable a la demanda había quedado en suspenso tras ser apelada por el propio organismo del Estado.
Una de las prestaciones es en carácter de expresidenta y la otra, por ser viuda del también expresidente Néstor Kirchner. Uno de los pagos había sido suspendido a inicios del gobierno de Mauricio Macri por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se argumentaba una incompatibilidad legal. Esta última situación había provocado la demanda, en la que no solo se reclamó la restitución del pago mensual, sino también el cobro de los montos retroactivos con intereses y la devolución de lo descontado por el impuesto a las ganancias.
Los pagos en cuestión surgen de la ley 24.018, que en su artículo 5 establece que la percepción de la asignación vitalicia de expresidente de la Nación es “incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.
El nuevo escrito presentado ante la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social y firmado por el abogado Diego Hernán Ruiz González en representación de la Anses (que en la causa tenía el rol de actuar en defensa de los intereses del Estado), afirma que “la cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta”, por lo cual se pide “que se tenga por desistida la apelación interpuesta por mi parte, ordenándose el archivo de las presentes actuaciones”.
La apelación a la que hace referencia la frase es la presentada por representantes del Estado en la causa “Fernández, Cristina Elisabet c/ Ministerio de Desarrollo Social y otros s/ nulidad de acto administrativo”, luego de que en un fallo de primera instancia, el juez Ezequiel Pérez Nami le diera la razón a la vicepresidenta, a fines de 2020. La apelación de la Anses fue un escrito simple, en el que no se expresaron los argumentos por lo cuales había oposición a lo sentenciado. También hubo una apelación presentada por un grupo de legisladores de la oposición, que buscaron actuar como terceros interesados en la cuestión, “por derecho propio y en representación de todos los jubilados y del resto del pueblo”, para expresar una posición contraria y tratar de evitar el cobro de las dos prestaciones a la vez. Sin embargo, a fines de septiembre una decisión de los jueces camaristas los dejó al margen de la causa.
Mientras el juicio tenía un fallo de primera instancia suspendido, la Anses decidió empezar a pagarle a Cristina Kirchner lo que ella estaba reclamando. ¿Por qué lo hizo? La explicación dada en ese momento ante la Justicia fue que la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, expresó su opinión favorable al pedido de la vicepresidenta, y sostuvo que no hacía falta esperar la resolución del litigio para que se le empezaran a abonar los dos beneficios.
Zannini, exsecretario Legal y Técnico durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hombre de confianza de los exmandatarios desde hace décadas y uno de los vacunados vip contra el Covid-19, está al frente del cuerpo de abogados del Estado. Desde allí se respondió a una consulta de la Anses sobre el tema. Y la respuesta se usó para decidir el pago del doble beneficio.
Lo que se está haciendo implica “una enorme desigualdad ante la ley. A cualquier jubilado que inicia un juicio la Anses hace lo imposible por no pagarle y presenta todos los recursos posibles, mientras que en este juicio de Cristina por la acumulación de dos jubilaciones de privilegio, desiste y consiente”, lamentó el diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis), uno de los que se había presentado para actuar como un tercero contra la pretensión de la expresidenta.
