Sáenz Peña. Fueron denunciados por supuesta estafa contra unas 100 familias que compraron terrenos donde se iban a construir viviendas.
Según la presentación penal son alcanzados por la denuncia Ramos como representante del Sindicato en términos formales, y Vargas como la persona que recibía y contaba el dinero. Y remarcan que Miguel Ramos y Graciela Aranda concretaron una operatoria de “jugosos dividendos» y hoy, a casi tres años, los damnificados se encuentran sin viviendas, sin terrenos, sin dinero.
En la Fiscalía N° 1 a cargo de Liliana Lupi denunciaron a Graciela Aranda, secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, a Miguel Ramos dirigente de Sáenz Peña y Eduardo Vargas por supuesta estafa contra unas 100 familias que compraron terrenos donde se iban a construir viviendas.
La denuncia en la fiscalía la realizó una veintena de las familias perjudicadas con la compra de terrenos donde se iba a realizar un barrio judicial y accionaron penalmente por el delito de Estafa contra Aranda, contra su par de Sáenz Peña Miguel Ramos y contra Eduardo Vargas, empleado bancario.
Cabe recordar que los terrenos fueron ofrecidos y pagados por los interesados sobre finales del año 2014 y principios del 2015, pero algunos otros fueron vendidos sobre finales del año 2015, e incluso se tomó conocimiento que el último se había vendido éste año. Esto resultó en virtud de que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando terrenos que fueron vendidos posteriormente a los nuevos adquirentes, pero siempre bajo el mismo convenio marco y bajo el mismo discurso, variando la fecha que referían respecto al inicio de la obra. Sin embrago, según consta en la denuncia “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.
Señala la denuncia que tanto Ramos como Vargas, el primero como representante del Sindicato en términos formales, y el segundo como la persona que recibía y contaba el dinero. Además instruían sobre la operatoria en las charlas habituales que se daban, a las cuales “todos concurrían con mucho entusiasmo dado la posibilidad que se estaba presentando de adquirir una vivienda a través del IPDUV, sabiendo de antemano que este organismo provincial viabiliza con muchas facilidades económicas el acceso a la vivienda, además, en los terrenos que cada uno había adquirido, los que fueron cancelados por cada postulante en su totalidad”.
OPERATORIA DE “JUGOSOS DIVIDENDOS”
Aseguran los damnificados que en representación del SEJCH Miguel Ramos y Graciela Aranda concretaron una operatoria de “jugosos dividendos y que el dinero recaudado no fue a parar a las arcas del SEJCH, lo que obviamente también perjudica a todos y cada uno de sus afiliados”.
Hoy, a casi tres años, los damnificados se encuentran sin viviendas, sin terrenos, sin dinero, “totalmente desfinanciados y con nuestros ahorros en manos de estos personajes, quienes utilizaron las instituciones en el marco de sus representaciones para influenciar, para engañar y para determinar la voluntad con maniobras ardidosas, generando un gran perjuicio patrimonial”, señala la denuncia.
Aseguran también que Ramos y Vargas no actuaron solos “lo hicieron bajo el manto del Sello del SEJCH, presidido por Graciela Aranda, y la intervención de ésta resulta muy clara cuando los denunciantes tomaron conocimiento que la entidad que compra los terrenos es una “Fundación Movimiento Obrero Solidario”, que es presidida por la denunciada Aranda en carácter de Presidente de la misma”.
La denuncia que apunta a Aranda, Ramos y Vargas señala que estas tres personas “engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras. Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal”, afirmaron.
