Resistencia. En un extenso comunicado en el que el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, mencionó la adhesión de la Liga de Gobernadores -cercana al Gobierno nacional-, expresó su solidaridad con la vicepresidente Cristina Kirchner tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
«Nos solidarizamos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el hecho de extrema gravedad institucional que vimos hoy, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático», indicó y agregó: «Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales».
El gobernador chaqueño aseguró que «los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución nacional, como lo actos de administración general y el manejo de fondos públicos».
«Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraba la absoluta regularidad de las obras investigadas», cuestionó.
En ese sentido insistió en «las afrentas» al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y acusó a los fiscales de no poder sostener sus acusaciones. «Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública», indicó.
Al igual que el discurso de CFK, posterior a la condena, Capitanich repasó la causa y el sobreseimiento de años anteriores y la reapertura del proceso, algo que definió como un «mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular».
«Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder», señaló en sintonía con las expresiones de distintos dirigentes del Frente de Todos.
Por último, habló de «proscripción» y trazó un paralelismo con la proscripción de Juan Domingo Perón.
«El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocrático puedan poner en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos», cerró el mandatario.