Buenos Aires. Después de casi un mes de negociaciones, el Gobierno logró encarrilar el acuerdo caído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a fines de mes llegará un desembolso de US$ 4.700 millones para cumplir los pagos de deuda hasta abril. Una clara señal de apoyo del organismo al fuerte ajuste impulsado por Javier Milei, en medio de las tensiones con la oposición y la CGT.
El entendimiento alcanzado con la misión que llegó a Buenos Aires el viernes pasado y que incluyo reuniones intensas hasta este miércoles contempla una meta fiscal más exigente. En lugar de llevar el déficit primario del 3% actual al 0,9% del PBI, el Gobierno deberá obtener un superavit del 2% y acumular US$ 10.000 millones de reservas netas en 2024, sin fondos nuevos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmaron anoche que se reflotó el acuerdo firmado por el gobierno de Alberto Fernández en marzo de 2022, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, luego de que el FMI diera a conocer el acuerdo técnico alcanzado en el marco de la séptima revisión del programa.
“No es plata nueva, el desembolso es para pagar vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedirle a la CAF, el vencimiento de enero y el que va a venir en abril”, explicó el ministro. El monto incluye los US$ 3.300 millones que habían quedado pendientes desde noviembre por incumplir las metas y un adicional para cubrir exclusivamente pagos de capital.
Caputo explicó que un nuevo acuerdo hubiera implicado mayor tiempo y dada la situación de crisis y los pagos de deuda, “la alternativa fue reflotar el acuerdo y garantizar que no va a haber sobresaltos en próximos cuatro meses”. El próximo paso será el envío del acuerdo al directorio del Fondo a fines de enero, antes de los vencimientos de fin de mes por US$ 1.950 millones.
El respaldo de Washington llegó en un momento crucial, marcado por los obstáculos para hacer avanzar las reformas económicas incluidas en la ley ómnibus en el Congreso y los amparos contra el capítulo laboral del DNU que desregula la economía, dos puntos que, según el organismo, apuntan para sostener el plan de estabilización y crecimiento.
En ese sentido, el ministro se mostró “particularmente interesado” en que la normativa sea aprobada, destacó que el Presidente tiene un “enorme coraje” para hacer medidas de shock inicialmente sin perder tiempo y advirtió que “aún si la ley no pasara, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo”. Por supuesto que en la medida de que la ley no pase, las medidas van a ser más duras”.
De esa forma, Caputo minimizó los contratiempos que enfrenta en el terreno legislativo. El paquete incluye medidas claves para alcanzar el superávit fiscal, como la suba de retenciones y la eliminación de la movilidad jubilatoria, mientras que la reversión del alivio en Ganancias a los trabajadores también deberá pasar por el Congreso. Entre los tres items, aportan 1,5% del PBI, casi un tercio del ajuste.
En materia cambiaria y monetaria, Bausili aseguró que mantendrán la política actual, ya que tanto el Fondo como el equipo económico están “cómodos” con esas metas, lo que implica que el Banco Central continuará con un ritmo de subas del dólar oficial al 2% mensual, por debajo de una inflación que en enero alcanzaría el 20%, y con una emisión cero para asistir al Tesoro.
Uno de los principales desafíos será cumplir con la nueva meta de reservas para el 2024, que contempla la acumulación de US$ 10.000 millones, incluyendo los US$ 2.700 millones acumulados en diciembre. Como el Banco Central se encuentra con reservas negativas en US$ 9.000 millones, este año debería sumar US$ 16.300 millones, un salto pocas veces registrado en un solo año.
“No hay cambios en la política monetaria ni en la política cambiaria. Las metas están basadas en una meta de acumulación de reservas. Eso quiere decir que no hay una meta de inflación, no hay una meta de aumentos monetarios, así que no han cambiado de ninguna manera”, aseguró anoche Bausuli desde el microcine del Palacio de Hacienda.
La meta fiscal también es desafiante: solo en 6 de los últimos 62 años la Argentina tuvo superávit fiscal. El ministro ratificó que ese objetivo es clave para resolver los problemas estructurales, aunque sin precisar cómo bajará la inflación. Por caso, la reducción del gasto público (3% del PBI) incluye subas en las tarifas de hasta el 700% por la quita de subsidios, que sumarán presión sobre los precios.
En ese marco, Caputo ratificó su intención de derogar la fórmula de movilidad jubilatoria, ya que según explicó “no funcionan”. “Entonces nosotros, al contrario de lo que quieren hacer creer algunos, lo que estamos haciendo, como sabemos, la situación que hemos hecho el público, la situación difícil que vamos a atravesar en el 2024, estamos queriendo proteger a los jubilados”, aseguró.
Ante la consulta de Clarín sobre si evalúan incrementos por debajo de la inflación, el funcionario se pronunció a favor de crear un nuevo mecanismo de actualización, pero que primero se va a eliminar el cálculo aprobado por el gobierno de Alberto Fernández, ya que “ya está la discripcionalidad” con los bonos compensatorios que incorporó la gestión previa.
“Si no tenemos discrecionalidad, cobrarían un 33% menos hoy. Entonces, la discrecionalidad ya se está aplicando”, sostuvo, y agregó: “Nuestra intención es proteger a los jubilados, y que eso es lo que vamos a hacer durante este año, no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados”. Y aclaró que si la ley no es aprobada, se mantendrá la fórmula vigente.
