Resistencia. El pasado martes, el Concejo de Resistencia aprobó por unanimidad la prohibición de la comercialización de cobre y bronce por el término de un año, contado a partir de la publicación de la ordenanza. La decisión se tomó en medio de la crisis provocada por la ola de robos de cables que azota al Gran Resistencia, y en la que los delincuentes ponen en riesgo sus vidas por estos valiosos elementos.
La ordenanza aprobada venía siendo trabajada desde diciembre, en medio de las demandas de SECHEEP, Telecom y otras empresas ante el flagelo de la «ola de robo de cables». A pesar de los esfuerzos conjuntos con la Policía, la situación continúa creciendo, por lo que se tomó la decisión de frenar la motivación de los delincuentes al evitar que puedan comercializar los cables.
«El daño que se ocasiona a los vecinos es muy grande, por lo que decidimos, junto con todo el bloque de la UCR y el acompañamiento de todas las fuerzas, implementar esta prohibición de un año a partir de la publicación de la ordenanza, además de crear un registro de vendedores de artefactos», precisó el concejal Javier Dumrauf.
El proyecto aprobado brinda al Ejecutivo municipal una herramienta que también podría ser utilizada por el Gobierno provincial. Ya se está avanzando en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que persigue el mismo objetivo: la prohibición.
El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Aradas, había expresado sobre el tema: «Era necesario tomar una acción concreta y rápida para esta situación que ya era gravísima y que va en creciendo, barrios enteros sin luz, incomunicados».
EL FOCO NO ESTÁ SOLO EN LAS CHACARITAS
La problemática, según expresaron los concejales durante el debate, excede a las chacaritas, ya que incluso hay personas particulares y kioscos en zonas periféricas que actúan como acopiadores. «Hay kioscos que compran cobre y bronce, convirtiéndose en un negocio muy dañino para toda la sociedad. En cuanto al tema de las chacaritas, el Municipio ya realizó 11 inspecciones en distintas chacaritas, algunas habilitadas y otras no, aplicando multas y clausuras», precisó Dumrauf.
Mientras persiste la necesidad de extender esta decisión a toda la provincia, ya se está pensando en ampliar la legislación sobre este delito a nivel nacional y establecer un tipo penal específico para los responsables de robar cables.
COTIZACIÓN
El aumento del precio del cobre en las metaleras de todo el país es un factor clave para entender el incremento en la cantidad de robos de este metal. En febrero el kilogramo de cobre se pagaba hasta 7 mil pesos en la provincia de Buenos Aires, lo que representa un valor tres veces mayor que el año anterior.
