Sáenz Peña. Se trata de una Resolución de Intendencia que fue firmada el pasado 15 de agosto ad-referéndum del Concejo. Ahora los concejales deberán analizar la resolución del intendente Cipolini y votarla para darle el respaldo legislativo. En el texto de los considerandos Cipolini indicó los antecedentes en relación a la no prestación y al incumplimiento por parte de la empresa San Roque de lo dispuesto por el juez Lineras.
Finalmente, y tras años de extorsionar al gobierno local con ser el único que se interesaba en prestar el servicio de transporte urbano, Julián Vilar fue notificado mediante una cédula que lleva la firma del secretario de Gobierno Diego Landriscina de la caducidad de concesión para su empresa San Roque en relación al transporte urbano de la ciudad.
La Resolución Municipal N° 1014/24 tiene fecha 15 de agosto y establece «la caducidad de la concesión a la Empresa San Roque SRL Línea 1 del servicio de transporte urbano de pasajeros en la modalidad ómnibus», y en los considerandos Cipolini indicó los antecedentes en relación a la no prestación y al incumplimiento por parte de la empresa San Roque de lo dispuesto por el juez Lineras.
Deberán ahora los concejales deberán analizar la resolución del intendente Cipolini y votarla para darle el respaldo legislativo.
El quebrado empresario varias veces pretendió que la Municipalidad le pague sus deudas y mala administración, incluso en medio del paro que dejó sin colectivos a la ciudad, fue al Concejo Deliberante y volvió a utilizar a sus empleados, a los que no les paga el sueldo hace tres meses, para intentar que el estado municipal le de dinero para balancear el descalabro económico interno que tiene.
El empresario Julián Vilar extorsionó a la Municipalidad hasta el cansancio, utilizando a los trabajadores para que la comuna acceda, como ocurrió varias veces, a solventar los desmanejos económicos de la empresa que desde hace tiempo es deficitaria, y en los primeros días de agosto apoyado por solo 10 de los 58 empleados, volvió a hacer rodar los colectivos, pero sin concesión vigente, sin cumplir con requisitos de provincial y municipio, y careciendo de la oblea de revisión técnica, tan sólo para instalar nuevamente el conflicto y de esa manera dilatar lo que ya se sabía: el municipio tomó la decisión política de implementar en la ciudad la municipalización del servicio.
