Sáenz Peña. La fiscal había solicitado el sobreseimiento de dos personas acusadas de abuso sexual contra una menor, y a raíz de eso la abuela paterna, la peluquera Luisa Pérez, esposa del metalúrgico Palito Araujo contrató un abogado correntino, la denunció y pidió un Jury. La magistrada dijo que la familia paterna de la menor «quería dirigir el proceso», y le «pedía asesoramiento».
Las declaraciones de la fiscal Liliana Lupi dejan al descubierto que el pedido de Jury en su contra es una maniobra que va más allá de saber si la menor fue abusada o no, y que tiene que ver puntualmente con la desesperada búsqueda de la tutela de niña por parte de la peluquera Luisa Teresa Pérez, y su hijo Andrés Hipólito Araujo (padre de la menor), con el financiamiento del abuelo el metalúrgico Palito Araujo.
Sobre los pormenores y respecto a la familia denunciante, la fiscal Liliana Lupi dijo que los tuvo que bloquear en el teléfono porque «me llamaban a cualquier hora, hasta altas horas de la noche, queriendo dirigir el proceso, pidiéndome asesoramiento sobre qué tenían que hacer en el Juzgado de Familia, algo que no me correspondía a mí», señaló. Al tiempo que aclaró respecto al procedimiento: «yo no dicto el sobreseimiento, los fiscales se lo solicitamos a los Jueces de Garantía, y son ellos los que dictan en este caso el sobreseimiento».
Respecto a los informes médicos respecto de la niña, la magistrada recordó que hay un informe médico forense de la doctora Daniela Grant, médica forense de tribunales, quien además es pediatra, de un perito de parte de la defensa, el doctor González, y del doctor Jorge Villaverde.
«Los dictámenes de la doctora Daniela Grant y del doctor González señalaron que no había señales de abuso, mientras que el doctor Villaverde en su informe dijo que sí. Por este motivo se mandan al IMCIF las fotos, porque durante el examen médico, como es de práctica en caso de abuso, se toman fotos y esas son las que se mandan al IMCIF y determinaron que no hay señales de abuso», recordó la fiscal.
Otra reflexión que agregó sobre la causa fue que tanto a la madre de la niña como a su compañero de trabajo denunciado se los evaluó psicológicamente y no dieron perfiles de abusadores. Es por eso que se restituyó el vínculo de la menor con su madre, pero con todas las garantías, con la presencia de asistentes sociales del equipo interdisciplinario del juzgado del menor y con la asesora del menor. «Por eso me están denunciando. Después de 41 años de antigüedad, habré cometido muchos errores, pero no soy una funcionaria corrupta, en mi trabajo siempre tenemos el deber de ser imparcial y lo he sido siempre», dijo la fiscal Lupi respecto de la denuncia que existe en su contra.
