Quitilipi. Hay dos pedidos de informes al Ejecutivo, uno para saber si el intendente Ariel Lovey está recibiendo acreditaciones extraordinarias o asistencia financiera sin autorización del Concejo Municipal. El otro para conocer los números reales de las deudas con proveedores y personal contratado de la Comuna.
Los proyectos fueron elevados en la última sesión del cuerpo por la concejal Ana Chávez en representación de la bancada opositora, asegurando que «este bloque posee información de que el intendente municipal está recibiendo préstamos, adelantos y/o acreditaciones extraordinarias de descubierto en la cuenta corriente de Gastos Generales del Municipio u otra asistencia financiera provista por el Banco del Chaco sucursal local durante este ejercicio económico, afectando las cuotas del Fondo de Participación Municipal».
Los ediles advierten que el Concejo es el órgano de control en cuanto a presupuestos, endeudamientos y otras operaciones financieras que comprometan los recursos, para lo cual se requiere autorización con la aprobación de una ordenanza.
Solicitaron a la Intendencia, a la Secretaría de Economía y a la Dirección de Administración un informe en el plazo de 48 horas con detalle de movimientos desde el 1º de enero a la fecha. «Si resulta afirmativo, indiquen la fecha, el monto y si generó importe de intereses resarcitorios para la comuna. Además, remitan copia de todas las documentaciones suscriptas con el Banco del Chaco S.A. por las operaciones solicitadas», resuelve el proyecto.
El PJ ingresó otro requerimiento sobre el estado patrimonial y financiero del Municipio. El pedido emplaza por cinco días al intendente y a las oficinas pertinentes para que informen sobre: montos netos de las cuatro últimas cuotas mensuales del Fondo Coparticipable recibido, nómina de proveedores con la deuda calculada al 31 de julio, listas de Contratados de Servicios, de Obras y Semanales con el monto de deuda, contratos de alquiler de maquinarias y equipos con deudas si existieran, detalle de deuda de remuneraciones al personal de Gabinete, dietas y remuneraciones del Concejo Municipal, deuda de retenciones al personal impagas: cuota alimentaria, servicio de mutual y cuota sindical, juicios ejecutivos pendientes de pago o depositados, deudas por compra de vehículos, equipamiento o maquinaria afectados al servicio público.
Al parecer, se sospecha que el intendente radical esconde información al Concejo, y en esa acción recibe el respaldo y el blindaje de los ediles radicales comandados por Joselo Osiska.
