Resistencia. El excomisario de Taco Pozo, aún sostenido por la cúpula policial que encabeza el jefe Fernando Romero, recibió una dura sentencia. El máximo tribunal no solo ratificó el Habeas Corpus colectivo a favor de la fundación médica «Todo por Todos», sino que además le ordenó hacerse cargo personalmente de los honorarios de las abogadas querellantes.
Para repasar los hechos hay que recordar que un grupo de médicos cordobeses de la fundación arribó a Taco Pozo en una misión solidaria y el escándalo se desató cuando el propio Melchiori, convertido en una suerte de Sheriff, dio la orden para detener a una médica, utilizando amedrentamientos y violencia. Varios videos grabados por los propios médicos dejaron en evidencia el accionar arbitrario del comisario, desatando una ola de indignación y un inmediato recurso judicial, sin embargo, e increíblemente, la cúpula policial que encabeza el jefe Fernando Romero buscó siempre sostenerlo y excusarlo, tratando de llevar el grave hecho institucional al plano político por las diferencias partidarias entre la provincia y el gobierno tacopoceño de extracción justicialista.
Habeas Corpus
El caso no tardó en llegar a la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, donde el juez Rodolfo Lineras dirigió más de setenta audiencias con víctimas y testigos. La sentencia fue contundente: separación inmediata de Melchiori no solo de Taco Pozo, sino de todo el norte provincial, más perimetral de 500 metros para proteger a las abogadas y vecinos que habían recibido amenazas.
El STJ implacable
El Superior Tribunal fue aún más allá. En su resolución, dejó claro que Melchiori fue responsable de «amenazar la libertad y la integridad física» de los médicos y de haberles impedido ejercer sus derechos constitucionales. Recordaron que nadie puede ser privado de su libertad ni impedido de circular sin una orden judicial, remarcando la gravedad de lo sucedido en Taco Pozo.
El fallo hace eco en los principales lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ningún abuso de autoridad puede terminar en una causa penal válida. Para el máximo tribunal chaqueño, queda demostrado que los médicos y vecinos soportaron amenazas, acoso y peligro real.
Otro «nunca más»
La sentencia deja una advertencia para el futuro: ningún uniformado está por encima de la ley. Y, como frutilla del postre, el mismo Melchiori deberá pagar de su bolsillo los honorarios de las abogadas de la fundación, para que la provincia no tenga que gastar «un solo peso» por sus malas decisiones. El monto asciende a más de un millón de pesos.
Este fallo del STJ marca un antes y un después en la defensa de los derechos ciudadanos y en el límite al uso arbitrario de la fuerza en el Chaco. La Justicia chaqueña fue contundente al escudar y defender el estado de derecho constitucional y convencional por el que se rige el ordenamiento argentino.
