Sáenz Peña. Ante la noticia de un nuevo desmonte ilegal, que no se sabe con exactitud si fue de 300 o 550 hectáreas, el ingeniero Antonio Núñez cuestionó el proceder de las autoridades. Asegura que todo queda en una multa económica.
El ingeniero es miembro de Padres en la Ruta e integraba los Foros de Seguridad que ya tienen mandato cumplido pues el Estado chaqueño, ni Capitanich ni Zdero, volvieron a activarlos en los ámbitos de las Comisarías. Para Núñez hay una actitud sugestiva más que sospechosa a la hora de afrontar el Estado este tipo de situaciones.
«Pagan la multa y listo, si se les aplica el art 146 de la ley 850 ( Código de Faltas Provincial) se le secuestra y no se les devuelve por ser reincidentes, no hay voluntad de aplicar la ley, en una actitud que más que sospechosa es SUGESTIVA», mencionó en un comentario que hizo circular a los medios tras conocerse la noticia de las actuaciones oficiales.
La mención que hace Núñez de ese artículo de la Ley indica: «La policía procederá al secuestro de todo los instrumentos, objetos, cosas, valores o dinero con que se haya cometido la infracción o que sirvieren para su comprobación, y los pondrá a disposición del Juez competente».
Textualmente no hay nada respecto a secuestro y no devolución por reincidencia, aunque se mencione en el Código un registro de reincidentes, y por otra parte el 146 que menciona Núñez es el único artículo referido a secuestro. Ahora bien, respecto a la pena, la sanción económica el texto de la Ley cita «arresto de hasta noventa (90) días o multa equivalente en efectivo de hasta quince (15) remuneraciones mensuales» para el caso de negocios no autorizados o prohibidos (art. 52).
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina para febrero de 2026 es de $346.800 pesos mensuales para trabajadores de jornada completa. Multiplicado por lo que dice el artículo la multa equivaldría a unos $5.202.000 pesos.
Una topadora puede valer entre 120 mil y 200 mil dólares. El costo del servicio de topadora en Argentina no tiene un precio fijo y generalmente se acuerda por hora, día o hectárea según la magnitud del trabajo, la zona y el tamaño de la maquinaria. Además de la topadora, se suelen cotizar servicios de rastrojo, rolado y limpieza de picadas, y otro dato es que los precios varían significativamente según si es zona rural.
Entonces, ¿por qué nunca se da a conocer quien es el infractor que paga importantes sumas por terminar con el monte nativo? ¿por qué nunca se conocen los valores de las multas que se aplican, si se las aplican, y quienes son los que efectivizan el pago? ¿por qué el Estado no hace con estas máquinas lo que hacen los municipios con motocicletas fuera de reglamento, compactarlas por ejemplo?
¿Cuánta razón tiene Núñez en, distintamente de quien gobierne la provincia, sospechar de una actitud que más que sospechosa es SUGESTIVA?
