Sáenz Peña. El abogado penalista explicó en “Voces de la Jornada”, por LT16 AM 950, los principales cambios que comenzarán a regir desde el 5 de septiembre. Destacó la imputabilidad desde los 14 años, el carácter excepcional del encierro y los desafíos que tendrá el Estado para garantizar infraestructura, educación y reinserción.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil abrirá una nueva etapa en el tratamiento judicial de los adolescentes que cometan delitos. En diálogo con “Voces de la Jornada”, por LT16 AM 950, el abogado penalista Cristián Arana repasó los principales aspectos de la nueva normativa y puso el foco no solamente en los cambios legales, sino también en el desafío que representa para el Estado garantizar su aplicación efectiva.
Arana sostuvo que, más allá de las posiciones que puedan existir sobre la reforma, el desafío inmediato es conseguir que el nuevo sistema funcione.
“Todos los penalistas esperamos, puede estar de acuerdo o no, y siempre digo, pelear sobre lo ya decidido y que entra en vigencia a partir del 5, debemos lograr entre toda la sociedad que funcione este nuevo régimen”, afirmó.
Imputabilidad desde los 14 años
Uno de los cambios centrales señalados por Arana es que los adolescentes de 14 años en adelante podrán ser imputados por delitos, bajo las condiciones establecidas por el nuevo régimen.
El abogado explicó además que la normativa establece límites y características particulares para las sanciones: se prohíbe la prisión perpetua, se limita el encierro a un máximo de 15 años en los casos de delitos graves y se establece que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso.
También se contemplan medidas como tareas comunitarias y amonestaciones, mientras que los padres o tutores tendrán responsabilidades vinculadas con la reparación del daño causado.
Según explicó, uno de los objetivos centrales de la normativa es que la responsabilidad por los actos cometidos esté acompañada por procesos de educación, resocialización e integración social.
La edad se determina al momento del delito
Otro de los puntos que puede generar dudas es qué ocurre cuando un adolescente cumple años durante el proceso judicial.
Arana fue claro al respecto: la edad que debe tomarse en cuenta es la que tenía la persona al momento de cometer el delito.
“Siempre se toma al momento del delito, nosotros respetando nuestras garantías procesales y constitucionales al momento en que se comete el delito”, explicó.
De esta manera, si una persona tenía 17 años cuando cometió el hecho y cumple 18 durante el proceso, se mantiene como referencia la edad que tenía al momento de la comisión del delito.
También recordó que las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente, salvo cuando la nueva norma resulte más beneficiosa para la persona imputada.
Un régimen especial y no cárceles comunes
Uno de los principales desafíos que plantea la implementación del nuevo sistema está relacionado con los lugares de alojamiento para adolescentes.
Arana remarcó que los menores sometidos a este régimen no pueden ser alojados junto con personas adultas, por lo que deberán existir espacios y tratamientos diferenciados.
En ese sentido, valoró los anuncios vinculados con la puesta en marcha de infraestructura específica, aunque expresó dudas sobre la capacidad del sistema para encontrarse preparado en el corto plazo.
“Ojalá que el día 5 no tengamos 10 presos”, manifestó.
El abogado insistió en que la prevención debe ocupar un lugar central y cuestionó que la discusión sobre seguridad quede reducida exclusivamente al endurecimiento de las penas.
“Tenemos que hacer tareas de prevención positiva para no llegar a eso”, afirmó.
“Gran tarea tiene el Estado”
Durante la entrevista también se abordó la situación de adolescentes que se encuentran fuera de la escuela, sin contención familiar o atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
Arana advirtió que el nuevo régimen obligará al Estado a afrontar problemáticas que exceden el ámbito estrictamente penal.
“Vamos a tener muchas personas con problemas de adicciones y demás temas (…) que va a ser todo tema a tratar porque va a ser el Estado quien va a tener que hacerse cargo”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que no alcanza con detener a un adolescente, sino que también será necesario abordar las circunstancias que rodean su situación.
El desafío para Chaco
La capacidad de infraestructura aparece como una de las principales preocupaciones frente a la aplicación del nuevo régimen en la provincia.
Arana recordó que Chaco atraviesa problemas de superpoblación carcelaria y mencionó dificultades relacionadas con los cupos y las condiciones edilicias.
También recordó como antecedente la implementación de la Ley de Narcomenudeo, cuando las estructuras inicialmente previstas resultaron insuficientes frente al crecimiento de la demanda.
“Hoy tenemos en todos lados, incluso también hay algún tipo de problema para tener mujeres detenidas, con los cupos, problemas edilicios y demás”, señaló.
Por eso insistió en la necesidad de que las distintas áreas del Estado estén preparadas para afrontar la nueva realidad.
“Ante el problema aparezca una solución y no una crítica”
Arana también planteó que la implementación del nuevo régimen no debería convertirse en una nueva disputa política cuando aparezcan las primeras dificultades.
“Ojalá que entre todos podamos hacer que el sistema funcione y no estar dentro de dos semanas escuchando de uno o de otro punto político echándose culpa o haciendo algún tipo de comentario, sino que ante el problema aparezca una solución y no una crítica”, sostuvo.
Y agregó una definición que sintetizó buena parte de su planteo: “La más fácil hoy es criticar. La más fácil es hacer una crítica, no un aporte positivo”.
Prevención, educación y reinserción
Consultado sobre cómo evaluar si la nueva legislación logra reducir el delito juvenil o la reincidencia, el abogado consideró que no debería esperarse que la reforma, por sí sola, termine con el problema.
Propuso fortalecer programas de prevención en los barrios y generar herramientas que permitan intervenir antes de que los adolescentes queden atrapados en circuitos delictivos.
En ese sentido, destacó que la propia normativa contempla medidas vinculadas con la continuidad educativa, la formación ciudadana, la capacitación laboral, el deporte y el acceso a servicios de salud.
“Va a ser un desafío grande poder cumplir lo que dice la ley”, concluyó Arana.
