Resistencia. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, volvió a poner bajo la lupa la situación de Taco Pozo y el desempeño del comisario Melchiorri, cuyo juicio oral se encuentra próximo a comenzar, al tiempo que reconoció que no puede descartarse una eventual intervención de sectores políticos vinculados a los intereses que se enfrentaban con el accionar policial en esa zona.
Fernando Romero aseguró que el comisario cumplió “acabadamente” las directivas para combatir los delitos en una de las zonas más complejas de la provincia. Ante la consulta sobre una eventual intervención política para desestabilizarlo, respondió que “es muy probable”, aunque aclaró que no puede asegurarlo. También confirmó que la zona continúa bajo presión por el tráfico de drogas, el contrabando y la madera ilegal.
En una entrevista con LT16 AM950, Romero fue consultado sobre la situación actual de Taco Pozo luego del desplazamiento de Melchiorri y sobre las características del trabajo que el comisario había desarrollado en una región que la propia Policía considera especialmente compleja.
La respuesta del jefe policial fue contundente: aseguró que, tras el relevo de Melchiorri, las instrucciones impartidas a su reemplazante fueron exactamente las mismas, lo que dejó en evidencia que Melchiori molestaba, tal vez al poder político territorial de años, que se enquistó en la zona.
“La directiva que se le impartió al subcomisario Flores, que está a cargo de la comisaría ahora, (…) era la misma que se le dio a Melchiorri: que en esa localidad debe reinar el orden y la ley”, explicó.
Según Romero, desde entonces “no tuvimos nunca más novedad en Taco Pozo” y sostuvo que el lugar “dejó de ser tierra de nadie y la Policía puso orden”.
Una zona atravesada por delitos complejos
El jefe de Policía describió a Taco Pozo como una zona particularmente sensible por su ubicación geográfica y por las actividades delictivas que, según afirmó, se registran en el área.
“Esa es una zona caliente”, sostuvo, al referirse a la cercanía con las provincias de Santiago del Estero y Salta.
Entre los principales problemas mencionó el tráfico de drogas, el contrabando y la circulación de madera obtenida ilegalmente, además del ingreso de vehículos provenientes de Salta que son perseguidos por las fuerzas de seguridad chaqueñas.
Romero aseguró que la Policía continúa enfrentando “las mismas formas delictivas” que enfrentaba durante la gestión de Melchiorri y mencionó procedimientos recientes contra el narcotráfico, entre ellos cinco allanamientos simultáneos realizados en la localidad de Narcomenudeo.
El dato resulta relevante porque permite dimensionar el escenario en el que se produjo la actuación de Melchiorri: una zona limítrofe, con tránsito de vehículos provenientes del norte, circulación de drogas y contrabando y una actividad forestal que también aparece señalada por la Policía como problemática.
Romero defendió el trabajo de Melchiorri
Consultado directamente sobre si Melchiorri había cumplido con la misión que le había sido encomendada cuando fue enviado a Taco Pozo, Romero no dudó.
“Cumplió acabadamente las directivas que nosotros le impartimos en todos los sentidos”, afirmó.
El jefe policial introdujo, sin embargo, una condición: siempre que los procedimientos se mantuvieran “en el margen de la legalidad”, tal como —según explicó— se instruye a todos los jefes de comisaría.
Romero también diferenció las decisiones institucionales de las eventuales responsabilidades personales que deberá determinar la Justicia.
Reconoció que pueden existir “actitudes o respuestas individuales” de funcionarios policiales que la fuerza no avala y remarcó que esas conductas deben ser analizadas tanto por la Justicia administrativa como por la Justicia ordinaria.
La pregunta incómoda: ¿hubo política detrás de la salida?
El momento más significativo de la entrevista llegó cuando se le preguntó directamente si, más allá de las conductas personales por las que Melchiorri deberá responder ante la Justicia, pudo existir una intervención política destinada a desestabilizarlo y sacarlo de Taco Pozo.
La pregunta apuntó específicamente al contexto de la zona: empresarios vinculados a la actividad rural y forestal, intereses económicos y relaciones políticas que, según se había planteado durante la entrevista, podían verse afectados por un mayor control policial.
Romero evitó afirmar que existió una operación política, pero tampoco descartó esa posibilidad.
“Es muy probable, es muy probable que sí, no lo puedo asegurar, pero todo es probable”, respondió.
Y agregó que precisamente por eso considera importante que el caso llegue a un juicio oral donde puedan conocerse todas las circunstancias que rodearon aquella madrugada en Taco Pozo.
“Que se ventilen todas las cuestiones”
El jefe policial sostuvo que el juicio permitirá confrontar las distintas versiones y determinar qué ocurrió realmente.
“Está bueno que se haga un juicio oral y que se ventilen todas las cuestiones que sucedieron esa madrugada”, señaló.
Romero consideró que no alcanza con analizar un video o una única versión de los hechos y destacó la importancia de escuchar a los damnificados, acusados y testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.
“Recién nosotros vamos a tener allí una prueba acabada de qué realmente ocurrió”, afirmó.
El trasfondo que excede al caso Melchiorri
Las declaraciones del jefe policial vuelven a colocar el caso Melchiorri dentro de un escenario mucho más amplio que el episodio puntual que será llevado a juicio.
Taco Pozo aparece, en el propio relato de Romero, como una zona donde confluyen fronteras provinciales, narcotráfico, contrabando y extracción ilegal de madera, actividades que requieren una presencia permanente de las fuerzas de seguridad.
Pero además, durante la entrevista, se introdujo otro elemento: la existencia de sectores económicos con fuerte presencia territorial y eventuales vínculos con la política.
Romero no confirmó que esos intereses hayan intervenido en el desplazamiento del comisario. Lo que sí hizo fue admitir que esa hipótesis no puede descartarse.
La frase del jefe de Policía adquiere especial relevancia en ese contexto: “Es muy probable que sí”.
El propio Romero sostuvo que será el juicio oral el ámbito donde deberán confrontarse las diferentes versiones y determinarse qué ocurrió aquella madrugada.
Taco Pozo, otra vez en el centro de la escena
Mientras tanto, Romero aseguró que la Policía mantiene la misma línea de trabajo que se había establecido durante la gestión de Melchiorri: controles, persecución del narcotráfico, combate al contrabando y vigilancia sobre el traslado ilegal de madera.
La diferencia, según su evaluación, es que actualmente “la ley y el orden” volvieron a imponerse en una localidad que durante años fue considerada una zona especialmente conflictiva.
Y dejó una definición que puede adquirir relevancia política de cara a los próximos meses: “Se acercan tiempos políticos” y, según Romero, la ciudadanía de Taco Pozo tendrá la posibilidad de expresar su opinión sobre lo ocurrido y sobre el rumbo de la localidad.
El caso Melchiorri, de esta manera, no sólo tendrá una definición judicial. También vuelve a instalar una discusión sobre qué intereses se disputan en una de las zonas más sensibles del interior chaqueño y hasta dónde pudo haber llegado la influencia de la política sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
