A un mes de la aparición del agua turbia, el fiscal Soto cajonea una denuncia contra Sameep presentada por la diputada Canteros Reiser

A un mes de la aparición del agua turbia, el fiscal Soto cajonea una denuncia contra Sameep presentada por la diputada Canteros Reiser

Sáenz Peña. Según se conoció el fiscal Marcelo Soto desinfló la urgencia de una denuncia penal indicando que «carece de medios económicos» para producir pruebas. Lo llamativo es que una Fiscalía de Villa Ángela, ante una denuncia similar, actuó de inmediato y ordenó la toma de muestras y análisis.

La diputada Silvina Canteros Reiser presentó una denuncia penal ante la aparición de agua turbia en la red de agua potable proporcionada por Sameep. El agua turbia que llega a las viviendas de los vecinos hace ya un mes y días. Sameep no puede dar respuestas, no hay explicación razonable, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich no sabe cómo actuar y por ello directamente pidió la cabeza de Gustavo D’Alesandro y puso en su lugar a Noelia Canteros. Pero aun, nadie sabe cómo es que el agua sigue turbia.

La diputada Canteros, por incontables solicitudes de vecinos chaqueños, presentó la denuncia formal. Luego presentó un recurso ante el fiscal Marcelo Soto y éste se lo denegó aduciendo que no puede absorber el costo de tomar muestras y hacerlas analizar, actitud que el Ministerio Público Fiscal solo adopta en Sáenz Peña porque en Villa Ángela las muestras de agua ya se tomaron.

¿Acaso Marcelo Soto no quiere investigar? ¿Tal vez alguien lo «llamó» para pedirle bajar la espuma en este delicado tema que enoja a la gente y no conviene al Gobierno en un año electoral? ¿Será que al fiscal no le interesa en lo más mínimo la salud de sus conciudadanos?

Soto se justifica en la feria judicial y dice en su escrito que los laboratorios que dependen de este Poder Judicial (IMCIF) se encuentran en receso. También menciona «es necesario recurrir a laboratorios privados y que este Ministerio Fiscal no cuenta con medios económicos para hacer frente a la medida solicitada», y pide «a la parte que ofrece la prueba, se haga cargo de los gastos que esta irrogue».

Soto en el escrito en que se negó a tomar las muestras de agua y hacerlas analizar por laboratorios privados (que no estén contaminados ni por la Justicia que deja siempre interrogantes o por la cuestionada Sameep o el APA), habla de ser responsables en la producción de la prueba, y dice no desconocer la gravedad de lo que sucede.

Finalmente el fiscal, ante el recurso presentado por la legisladora, resolvió: «Mantener la decisión tomada en orden SIGI Nº 13 de autos. A la apelación presentada, deniéguese la misma en razón de no corresponder».

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