2 mayo, 2024

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Afip puso el ojo en una red de presunto lavado de dinero que salpica a la gestión anterior

Resistencia. Un estudio jurídico-contable utilizaba el CUIT de clientes para generar facturas truchas que le otorguen crédito fiscal y así tributar menos. Una parte de las operaciones se hacía en el intervenido Instituto de Agricultura Familiar.

La fiscalía federal a cargo de Patricio Sabadini encaró en la mañana de hoy una serie de allanamientos en varios puntos de la provincia para avanzar con una denuncia contra lo que se presume es una red de lavado de dinero mediante maniobras que marcan por un lado una evasión impositiva que tiene como objeto el lavado de activos.

El requerimiento involucra al contador Walter Pasko, su mujer Diana Daniel, que se desempeña en el recientemente intervenido Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Las organizaciones que se dirigían a la dependencia estatal por efectuar trámites eran atendidas por Daniel que recomendaba los servicios contables de su pareja.

Una vez aceptados,  se presume que el estudio contable montaba una organización ilícita con la finalidad de generar crédito fiscal espurio, emitiendo facturas por montos millonarios tanto a favor del IAFEP como de organizaciones en la que estaban familiares de Pasko que tenían como objetivo disminuir el monto de impuestos a pagar a la AFIP. Las estimaciones son que los delitos habrían perpetrado desde principios de 2019.

Las denuncias comenzaron en junio de 2022 por parte de un productor de carnes de Villa Ángela que tenía a Pasko como contador y señaló que desconocía los montos y a las personas y empresas a las que supuestamente había facturado. Fue la primera de una serie de acusaciones formales.

ALLANAMIENTOS

La tarea en busca de evidencia se realiza en la capital chaqueña en avenida Las Heras al 300 y Güemes al 1100 donde tienen el domicilio y el estudio contable-jurídico Pasko y su esposa, en la sede de la Fundación Brilla, reconocida por su confección de pelucas para pacientes oncológicos.

La referente de la entidad es María José Reinau, pareja de un dirigente piquetero Adrián Ayala, que quedó en el ojo de la tormenta hace tiempo cuando fue detenido con armas y una gran cantidad de dinero. Ambos son investigados.

Ayala por ser parte de una de las organizaciones por las cuales se cargaban los documentos apócrifos y Reinau por liderar una cooperativa que facturó 95 millones de pesos entre 2019 y 2022, varias de las facturas fueron emitidas al Estado y que es una entidad que no registraba ni empleados y tampoco bienes.

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