Resistencia. El fiscal de Estado explicó su posición, tanto por la cautelar contra el proceso de regularización laboral como por un decreto del Ejecutivo, y explicó que el planteo de inconstitucionalidad sólo alcanza a contratados de servicio.
La reunión que tuvieron diputados de la oposición con el fiscal de Estado, Alejandro Herlein, para que se considere la legalidad de decretos de pases a planta y la reciente judicialización de concursos de incorporación al Ejecutivo, puso el tema en la palestra.
Es que el ingreso de personal sobre todo cuando se da cambio de signo político en la conducción siempre genera controversias y en esta oportunidad no parece ser la excepción.
Quien es el «abogado del Estado» fue consultado por un medio gráfico y explicó que en razón de que el Ejecutivo dispuso ensanchar el plantel mediante dos concursos de los cuales uno es cuestionado mientras que en el otro actuará como defensor ante el freno que puso el juez en lo Civil y Comercial 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius.
Según explicó ante la consulta periodística como la tarea del fiscal es defender la legalidad de las medidas que emana o se cuestiona al Estado, entiende que en el decreto 2656 de este año, no se cumple el requisito constitucional de que los concursos de incorporación deben ser de oposición y antecedentes. Para contratados de servicios que estableció el gobierno solo se exigen antecedentes (antigüedad) y no la oposición (podría ser un examen o propuesta de un plan de trabajo).
El accionar de Herlein se inicia por un lado con la apelación a la medida cautelar por el concurso de oposición y antecedentes para el personal de mayor precarización actual que dio lugar Beinaravicius a particulares (el argumento del magistrado de primera instancia es que los demandantes señalaban que no podían participar de concursos de ingresos al Estado si avanzan concursos que prevén incorporaciones hasta 2030). Se espera que corra vista a los patrocinantes y luego será una Cámara de Apelaciones la que definirá el futuro de la medida.
La otra cautelar, que comprende a contratados de servicio, el fiscal planteará que es inconstitucional. Será el procurador Jorge Canteros que determine si es admisible el planteo y, de se serlo, pasará a la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia. Va por otro andarivel. El Ejecutivo no quedará huérfano de defensa, la asumirá la Asesoría General de la Gobernación, tanto para apelar a Beinaravicius como contra lo que marca el la Fiscalía de Estado.
En concreto, DiarioNorte expone en sus páginas que lo cierto es que hoy los concursos se encuentran frenados por lo que determinó el juez. En el medio la incertidumbre de miles de trabajadores que se desempeñan en una situación irregular dentro del Estado y aguardaban el avance para obtener su incorporación a la planta permanente. «Existen fallos del Superior Tribunal de Justicia que piden al gobierno que establezca las acciones para regularizar a aquellos trabajadores que están en una situación precaria», señala el fiscal.
Como se sabe, más allá de la disposición gubernamental, existen cientos de fallos promovidos por particulares que entienden que la precarización no puede extenderse en el tiempo de forma eterna y logra ser parte del plantel permanente a través de sentencias judiciales. La inquietud es mayor en razón de que la suspensión se da cuando la actual gestión tiene los días contados y quien deberá establecer (si no da otra instancia judicial) si continúan en el Ejecutivo es la administración entrante que habla de un operativo retirada.
