Resistencia. El ministro de Gobierno, Julio Ferro, aseguró que el fallo del máximo tribunal establece la facultad del Poder Ejecutivo para definir los mecanismos de actualización según las limitaciones presupuestarias de la provincia.
El ministro Ferro fue contundente al explicar el alcance de la decisión judicial: la Justicia determinó que no corresponde imponer esquemas de actualización automática, como la denominada “cláusula gatillo”. En su lugar, el fallo reconoce que es el Ejecutivo quien debe diseñar las políticas salariales basándose en la realidad financiera y la recaudación efectiva.
“El fallo es claro: no se pueden imponer esquemas automáticos. Las actualizaciones deben ser sustentables y garantizar el equilibrio de las cuentas públicas”, señaló Ferro.
Desde el Gobierno enfatizaron que la prioridad absoluta es garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma, evitando compromisos que puedan poner en riesgo el funcionamiento del Estado.
Al destacar los puntos clave de la postura oficial hay que indicar que el control sobre el presupuesto y los salarios es una competencia exclusiva del Gobierno, además cualquier recomposición debe ser “previsible y sostenible” en el tiempo, y finalmente se priorizará la administración austera para evitar déficit que afecten los servicios generales.
Pese a la eliminación de la automaticidad, el ministro aseguró que el Gobierno continuará trabajando en herramientas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los empleados públicos, pero siempre bajo un marco de “previsibilidad económica”.
